Las decisiones judiciales, según confirmaron dos fuentes distintas a este diario, no registran antecedentes en la Justicia provincial: a través del sistema de Flagrancia, novedoso en San Juan, pero de largo recorrido en casi todo el país, dos militantes de izquierda fueron condenados por agredir a policías, cortar una calle y resistirse al arresto. Y tres más acordaron realizar tareas comunitarias, tras haber intentado impedir el accionar policial. El tema despertó un amplio debate en redes sociales, por la supuesta “criminalización” de los reclamos sociales, que “casi siempre están politizados”, aseguraron en off desde el Gobierno. Entre los acusados hay un militante del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), que fue candidato el año pasado.
El viernes pasado por la mañana, un pequeño grupo de personas interrumpió el tránsito vehicular frente al Centro Cívico, por avenida Libertador. Había dos reclamos: los del MST que pedían por el reintegro de becas estudiantiles nacionales y algunas mujeres con niños que exigían viviendas. Sobre el mediodía, las autoridades policiales se acercaron al lugar para disuadir a las personas, pero no tuvieron éxito. Según fuentes judiciales, en los videos de las cámaras de seguridad de la Policía y algunos de usuarios que circularon en las redes sociales, se observa cuando uno de los manifestantes abandona el diálogo con las autoridades, deja una bandera y le da una patada en la espalda al jefe de la fuerza, Luis Martínez, lo que provocó el inicio de los disturbios. En el revuelo también golpean y le rompen la ropa al subjefe José Luis Morales.
A tres días y medio desde esos incidentes, la justicia dispuso que Sergio Francisco Campos, Mercedes Julieta Maturano Ardiles y Leiza Benitez realicen tareas comunitarias durante cuatro meses en el municipio de la Ciudad de San Juan, acusados de obstruir el trabajo policíaco. En tanto Jeremías Exequiel Zalazar y Mauricio Francisco Robledo Chasco recibieron sentencia de cuatro meses en suspenso por resistencia, lesiones leves agravadas, daño agravado y obstrucción a la vía pública. Es decir, si los encuentran en otro delito, aunque leve, deberán ir presos.
El tema tomó vigor en las redes porque Campos, uno de los protagonistas de las protestas, fue candidato a senador por el MST en las elecciones del año pasado. Con él se postulaba a diputada nacional la dirigente de izquierda Mary Garrido quienes, en su oferta electoral, proponían “Chau yuta represora. Desmantelar la estructura policial del gatillo fácil y la corrupción”, según los panfletos que ellos mismos repartieron. También querían “Prohibir por ley la megaminería. Cierre, remediación y prohibición de Veladero”.
Por separado
Las dos mujeres involucradas en la protesta violenta fueron puestas en prisión domiciliaria el mismo día a las 18 y los varones a las 0.20 del sábado para evitar inconvenientes, ya que había dos policías involucrados.