La causa por delitos de lesa humanidad que complica a expolicías sanjuaninos tiene mucha más tela para cortar todavía. Por orden del juez Federal Leopoldo Rago Gallo fueron arrestados la semana pasada 9 sospechosos, pero fuentes vinculadas al caso aseguraron que bajo la lupa hay unos 45 más que podrían correr la misma suerte o ser llamados a indagatoria. Están acusados de haber cometido distintos ilícitos durante la dictadura militar, cuando aún estaban de servicio, y hasta que se resuelva si son culpables no podrán salir del país.
El caso salió a la luz el jueves 14 de agosto, cuando efectivos de la Policía Federal de San Juan y Mendoza y de la Agencia Regional Cuyo realizaron un operativo inédito en el marco de las causas donde se investigan presuntos delitos perpetrados en la provincia en los años de plomo. Los allanamientos terminaron con 9 exintegrantes de la Policía de San Juan detenidos y a disposición de Rago Gallo.

La cosa no termina ahí, porque el número de involucrados es mucho mayor. Según las fuentes, quedan alrededor de 45 en libertad que también serán sometidos al proceso. En definitiva, los exuniformados en la mira judicial ascienden a cerca de 55.
De las actuaciones de la Justicia Federal surgió primero que los sospechosos por los hechos que se intentan dilucidar eran más de 80, aunque luego se determinó que muchos de ellos fallecieron. Lo mismo se trata de un caso sin antecedentes, ya que nunca antes hubo en San Juan un solo proceso judicial que apunte contra tantas personas por los horrores de la dictadura que gobernó entre los años 1976 y 1983.

Algunos de los que permanecen privados de la libertad son José Eladio Escudero, Carlos César Raúl Oro, Carlos Antonio Saavedra, Juan Alberto Aballay, Pedro Eduardo Blanco, Miguel Angel Mereles, Carlos Alberto Olha y Rodolfo Horacio Blanco. Mientras tanto, respecto a los otros expolicías complicados, el fiscal Francisco Maldonado pidió nuevas detenciones y el que tiene que resolver si las ordena o no es el magistrado.

Los sospechosos tienen en común que en la década del ’70 formaron parte del área de Inteligencia de la Policía local. La función de esta oficina era realizar la prevención y seguimiento de la actividad que llevaban adelante los dirigentes políticos y sindicales, vinculados sobre todo a la organización Montoneros. La presunción es que desde ahí, hicieron rastreos y colaboraron con los grupos de tarea que tenían a su cargo la ejecución del plan de terrorismo de Estado. Además del supuesto trabajo de inteligencia, Rago Gallo quiere determinar si actuaron o no en los ilegales operativos de detención y si participaron de los interrogatorios que incluían sesiones de torturas.

A la mayoría les imputan varios hechos. Los delitos en juego son privación ilegítima de la libertad agravada, asociación ilícita y tormentos agravados a dirigentes políticos, estudiantiles y sindicales de la provincia. Ninguno de esos ilícitos es excarcelable y si terminan siendo condenados por la Justicia Federal, tendrán que cumplir una pena de prisión en forma efectiva.
Rago Gallo indagó hasta ahora a 3 de los detenidos, quienes no brindaron mayores detalles porque antes quieren contar con copias del expediente y los hechos de los que supuestamente son responsables. Por eso, se espera que a través de sus abogados pidan más adelante una ampliación de indagatoria para dar su versión de los delitos que les endilgan.

En la causa hay un elemento clave: el archivo clasificado que se encontró en 2011 en la ex Cavic, el cual contiene las planillas con el registro de la actividad política, sindical y estudiantil de militantes y dirigentes que realizó el personal de la Dirección de Inteligencia de la Policía de San Juan. Las fuentes contaron que lo que lo incrimina a los exuniformados es que allí aparecen los nombres y las firmas de quienes llevaron a cabo esa tarea durante la última dictadura militar.