Por primera vez, San Juan parece estar encaminado a contar con un proyecto de ley para crear las estructuras que necesita la Policía Judicial y regular su funcionamiento. Desde el año pasado, una comisión de especialistas está trabajando en la redacción de la iniciativa y según uno de sus integrantes, el juez Raúl Iglesias, la tarea estará lista en diciembre. Es un paso clave, porque es lo que necesita la Corte de Justicia para decidir finalmente si la pone en marcha y desde cuándo.
La Policía Judicial es un cuerpo especial de efectivos que está bajo la órbita de la Justicia y que se dedica exclusivamente, a diferencia de la Policía de prevención, a investigar delitos. Fue creada por la Constitución de 1986 y a pesar de decenas de promesas, nunca se puso en práctica (ver foto).
En los últimos años, a partir del aumento de la delincuencia y la complejidad de los delitos, la mayoría de los actores del sistema de justicia coinciden en que es sumamente necesaria su implementación para ayudar a resolver las causas por hechos criminales.
El tema ha despertado fuerte disputas en el Poder Judicial. Hasta que el año pasado, la Corte de Justicia dio en los hechos su primera muestra de voluntad de querer avanzar y creó una comisión de funcionarios judiciales para que redactaran un proyecto. Los integrantes de la comisión pidieron dos prórrogas para terminar la tarea y el nuevo plazo que tienen es hasta diciembre.
Ayer, Iglesias dijo que de acuerdo a cómo vienen trabajando, “no creo que necesitemos otra prórroga, vamos a terminar antes de fin de año”. Junto al magistrado trabajan su colega Eugenio Barbera, los fiscales Gustavo Manini y Teresa Ravetti y la secretaria de la Corte, Graciela Aguilar.
Sería el primer proyecto completo para regular la Policía Judicial. En los ‘80 se sancionó una ley sobre la Policía Judicial, pero era muy genérica, no contenía todos los detalles que hacían falta para su funcionamiento y hoy es obsoleta. En este caso, adelantó Iglesias, en el proyecto contemplarán las dependencias que necesita la nueva fuerza. Por ahora, hablan de dotarla de una Dirección y tres secretarías, la Científica, la de Sumarios y una de Instrucción Operativa.
Además, contó que van a contemplar trazar una división regional de la provincia, para crear en cada una unidades donde funcionarán delegaciones de la nueva fuerza.
La incógnita que queda es si la Corte de Justicia resolverá implementarla. La Constitución dice que es quien debe organizar la Policía Judicial, es decir es la que tiene la última palabra. Entre semana, cuando los medios le consultaron, el cortista Humberto Medina Palá no dio detalles del tema. Dijo que era algo muy complejo, que deben analizar entre todos los miembros del máximo tribunal.
Con el proyecto en la mano, la Corte debe definir primero si inicia el proceso definitivo para poner en marcha la Policía Judicial y después, cómo lo hará y a partir de cuándo. En caso de avanzar, uno de los temas pendientes es si se designará personal nuevo o si para empezar, se afectarán efectivos de la Policía de prevención que actualmente trabajan en tareas judiciales.
Para el primer caso, hace falta una etapa previa para capacitar a los especialistas que se dedicarán a investigar judicialmente los delitos. En el segundo, debe haber un acuerdo con el Ejecutivo, porque las fuerzas de seguridad dependen de ese poder y debe dar el aval para que colabore con sus hombres a nutrir la Policía Judicial.
Otro de los temas a definir, no menor, es el de los recursos que se necesitan para solventar el funcionamiento de la fuerza de investigación. Ese ha sido el argumento que viene frenando la implementación del nuevo sistema. En principio, hay voluntad política de hacer un esfuerzo.
Como en el segundo piso de Tribunales advierten que no tienen dinero extra, tras una fuerte olas de delitos, en 2009 el gobernador José Luis Gioja le dio indicaciones al ministro de Gobierno para que se ponga a trabajar en el tema.