Al final, los deudores de cuotas alimentarias quedaron librados de la política de escrache. El proyecto de ley del diputado justicialista Pedro Espejo pretendía la publicación en los diarios del registro que contiene a todas aquellas personas que adeudan el pago de alimentos de sus hijos, como una forma de presión para que cancelen sus obligaciones. Sin embargo, la propuesta fue analizada por 3 comisiones en la Legislatura y sufrió un cambio sustancial: se eliminó la mecánica del escrache, pero a cambio se dejó abierta la puerta para todo aquel que quiera consultarlo pueda hacerlo. Con esa modificación, el texto mañana será debatido en la Cámara de Diputados y se descuenta que será aprobado gracias a la mayoría que ostenta el giojismo.

El proyecto generó distintos puntos de vista en el seno oficialista. Por un lado, el autor asegura que es una herramienta para que los morosos tomen conciencia de que deben destinar un porcentaje de sus sueldos a sus exparejas para que paguen la comida de sus hijos. Por otro lado, Pablo García Nieto, presidente del bloque peronista, explicó que hay padres que quedan incorporados al registro porque justo atraviesan una difícil situación económica y una vez que salen del listado, es difícil limpiar su nombre. Además, destacó que se evaluó el interés y el impacto que puede generar en el niño, quien al ver el nombre de su padre en los medios de comunicación puede sufrir un golpe emocional. En ese sentido, el legislador señaló que “no se busca presionar”, sino que abre el abanico para que, además de cualquier ciudadano, una entidad financiera o un banco o el mismo Estado puedan conocer si una persona está en el registro y evaluar si es conveniente darle un préstamo o un subsidio, por ejemplo. Espejo indicó que “no me gusta la modificación”, porque “la presión es menor” para que paguen, pero que igual acompañará dado que resaltó que “aunque no sea lo óptimo, por lo menos que salga algo”.

El Registro de Deudores de Cuota Alimentaria contempla a los padres que deben tres o más pagos consecutivos o que adeuden cinco o más cuotas alternadas. El listado está en manos de la Secretaría Administrativa de la Corte de Justicia, quien incorpora los nombres de los morosos por orden de un juez de Menores. De acuerdo a las constancias de la lista, actualmente están anotados 175 personas y figuran sus nombres, domicilio y documento nacional de identidad. En ese listado ‘negro‘ hay personas que figuran (y persisten) desde la misma creación de ese instrumento, allá por el año 2000.

El mecanismo de dar a conocer públicamente un listado de personas que están de falta con la ley cuenta con un antecedente concreto en la provincia. Es el caso de la Dirección General de Rentas, que en dos ocasiones divulgó en su página de internet a los contribuyentes que le debían los impuestos al fisco. Además, en la lista se exhibía cada uno de los montos que adeudaba los involucrados. Adrián Villegas, titular de la repartición, en su momento manifestó que tras la publicación, la recaudación mejoró sensiblemente y que se redujo la cantidad de morosos.

En base a ese antecedente, el diputado Espejo quería modificar la ley 7.072, que regula el funcionamiento del Registro, y buscaba que el listado de deudores saliera publicado mensualmente en los medios gráficos. El proyecto ya contaba con un antecedente en 2008, en el que el legislador trabajó con su entonces colega Rosalía Garro. Pero en esa época la propuesta se había trabado por los distintos criterios en los debates de comisión. El proyecto cobró impulso a fines de 2011 debido a que en Mendoza se sancionó una ley que fija la publicación de los morosos alimentarios en la página oficial del Gobierno mendocino (ver foto). Sin embargo, durante el recambio de los legisladores, la propuesta se estancó y volvió a tener vigencia este año. De todas formas, en las comisiones se impuso el criterio de que la publicación puede lesionar los derechos del niño y ahora sólo los interesados deberán ir a la Corte de Justicia para pedir el acceso al registro.