Un dictamen de Hacienda dice que está prescripta la deuda 87-88 que reclaman en sede administrativa retirados de la Policía, es decir que por el paso del tiempo perdieron el derecho a cobrar. Para los ex uniformados, la situación no es esa y aseguran que el derecho a cobrar sigue intacto. Ayer fueron recibidos por el ministro Aldo Molina y se comprometieron a hacer un descargo la semana que viene demostrando que están legitimados a percibir el dinero, para que el Estado se expida en forma definitiva.

La deuda se generó por una mala liquidación de haberes jubilatorios que hizo la extinta Caja Previsional de la provincia y para reclamar, los afectados usaron vías distintas. Unos optaron por ir a la Justicia (ver El dato) y otro lo hicieron en sede administrativa. Un grupo que representa a estos últimos se reunió con Molina en la sala de situación de Hacienda para saber en qué estado están los planteos que iniciaron para pedir que les cancelen lo que consideran que les deben.

Según le dijo Molina a DIARIO DE CUYO, “el derecho en principio está prescripto”. La interpretación surge de los dictámenes jurídicos que han elaborado los especialistas legales del Ministerio luego de analizar los cientos de expedientes que hay presentados por parte de los retirados. El funcionario aseguró que “no hay documentación que acredite los derechos de cobrar”.

Lo que sucede es que, según los registros oficiales, el primer reclamo administrativo ingresó en el año 2006. Esto es mucho después del plazo que el Estado considera que tenían los ex policías para iniciar los expedientes pidiendo cobrar, lo que hubiera interrumpido los términos de la prescripción.

En contrapartida, los ex policías dicen que la deuda no está prescripta. La abogada que los representa, Nélida Rojas Prado, aseguró que el plazo se vio interrumpido cuando el Estado, a principios de los ’90, consolidó la obligación. Además, los retirados dicen que hay una resolución judicial que determinó que las deudas de carácter salarial no prescriben.

Molina sostuvo que con la documentación que los ex policías han presentado hasta ahora, no han logrado acreditar el derecho de cobro. De todos modos, advirtió que si en algunos casos logran hacerlo, el Estado pagará.

Rojas Prado contó tras el encuentro que el miércoles le llevarán al ministro los argumentos de por qué los retirados aún están a tiempo. Los técnicos de Hacienda los analizarán y luego se expedirán, según la abogada. Sería el último paso para agotar la vía administrativa.

Hay dos alternativas. Que los retirados demuestren que tienen derecho, que la deuda no prescribió y que logren cobrar. O que Hacienda evalúe que la obligación ya no tiene vigencia, en cuyo caso les quedaría como opción la vía judicial.