El conocido gremialista municipal Pascual Manchineles quedó envuelto en una situación irregular que podría traerle consecuencias en la Justicia. Registros oficiales demuestran que le pagaron haberes simultáneamente como jubilado y como empleado en actividad de la Municipalidad de la Capital, a pesar de que la ley no permite que el trabajador siga cobrando en relación dependencia cuando pasó a retiro. En el municipio aseguran que él no avisó y están estudiando si se configuró algún delito, para denunciarlo penalmente.

La maniobra salió a la luz el viernes, cuando la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) respondió un requerimiento que le hizo el municipio sobre el estado previsional de Manchineles, que el año pasado había sido intimado a jubilarse por tener la edad y los aportes. "No nos había llegado ninguna información oficial, yo me enteré extraoficialmente que él estaba jubilado y pedí información", contó ayer el secretario de Gobierno de la Capital, Ricardo Pintos.

El informe dice que la jubilación le salió en septiembre del año pasado con retroactividad al 28 de julio. Y anexa una planilla que da cuenta de que en noviembre recibió en su cuenta bancaria 6.294 pesos pesos por los haberes retroactivos de julio -dos días-, agosto, septiembre y octubre y 2.080 pesos por noviembre. Paralelamente, un resumen del municipio muestra que le depositaron los sueldos de esos meses como si su condición previsional no hubiera cambiado (Ver facsímil).

La irregularidad, al menos desde el punto de vista administrativo, se debe a que no está permitido que una persona reciba al mismo tiempo un sueldo como empleado en actividad y una jubilación. Salvo que siga como autónomo, figura que no encuadra en este caso.

Manchineles es de los gremialistas históricos de la provincia y lidera una de las centrales obreras más combativas. De hecho, el SUOEM se ha caracterizado por mantener una áspera relación con las distintas administraciones de la Capital bajo su gestión de secretario General.

Su incompatibilidad no saltó a tiempo en el municipio y eso abre algunas dudas sobre las áreas encargadas de hacerlo. Pintos explicó que que le liquidaron el sueldo todos estos meses porque siguió trabajando y "no recibimos ninguna notificación oficial para darle de baja".

Según el funcionario, el trabajador tiene la obligación de informar de su retiro y aunque a Manchineles lo notificaron en septiembre, "no tomamos conocimiento por parte de él". Tampoco, dijo, les llegó a las autoridades municipales una notificación de la Anses. Sin embargo, como hay indicios de que el organismo nacional sí avisó, Pintos adelantó que iniciarán una sumario interno para determinar si alguien archivó el escrito en un cajón del municipio, como forma de darle una mano al dirigente gremial y evitar que le dejaran de pagar.

El procedimiento formal indica que la notificación debería haber ingresado por el departamento Personal, para luego comunicarla al área dónde se liquidan los sueldos. Pero, de acuerdo a las palabras de Pintos, la nota nunca llegó a la última dependencia.

Mientras tanto, el equipo jurídico del municipio estaba reunido ayer analizando si hay algún delito en juego. Por lo pronto, Pintos aseguró que si es así, harán una denuncia penal. Fuentes calificadas dijeron que es importante saber si el dirigente retiró o dispuso del dinero de la jubilación, a los efectos de determinar si hay elementos para suponer que cometió fraude contra la administración pública. El delito conlleva una pena de dos a seis años de prisión y es excarcelable.

Manchineles pidió en diciembre la suspensión del beneficio en la Anses y el haber de ese mes se lo retuvieron, mientras que desde enero ya se la dejaron de pagar. Hasta el momento no ha trascendido el motivo que invoca, no obstante fuentes calificadas aseguraron que no es por la incompatibilidad. Lo cierto es que en el municipio afirman que más allá de la suspensión, no están obligados a mantenerlo entre su plantel de personal.