Por el caso de un detenido que denunció golpizas y haber sido sometido a torturas en el Penal de Chimbas, el juez federal Leopoldo Rago Gallo dispuso desvincular de la investigación el exdirector de la cárcel, Leonardo Barac y, en cambio, citar a que presten declaración indagatoria dos médicos y tres agentes del Servicio Penitenciario, según informaron fuentes judiciales. El caso se inició por una denuncia que formuló la fiscal Katia Troncoso, la misma funcionaria que había impulsado un allanamiento en el organismo, por irregularidades detectadas en la institución. Disconforme con la decisión, la fiscal decidió apelar la resolución del magistrado.
Troncoso denunció en marzo en la Justicia Federal a un grupo de agentes del Servicio Penitenciario y a su extitular, haciéndolos responsables de haber golpeado y torturado en el Penal de Chimbas a Federico Fernández Santa Lucía. También alertó que por las heridas sufridas hubo demora en el traslado a un centro sanitario para su debida atención. El preso está siendo investigado por los delitos de trata de personas y abuso de menores.
Pero el juez que entiende en la causa dispuso que a Barac no se lo debía indagar porque consideró que “es prematuro atribuirle participación penal sólo por su responsabilidad jerárquica”. En cambio, resolvió tomarles declaración indagatoria a los médicos Rodolfo Fabián Zapata Gómez, jefe a cargo de la División Sanidad del penal, y a otro profesional, José Farja. Y también interrogar a los agentes penitenciarios Fabián Castro, Marcelo Díaz y Eduardo Mendoza. Este último estaba a cargo del cuerpo penitenciario cuando habrían ocurrido los hechos.
La declaración indagatoria que dispuso el juez supone que encontró elementos como para imputarles la comisión de uno o varios delitos a los guardiacárceles y a los médicos.
Cabe aclarar que la fiscal había incluido en su denuncia la comisión del delito de aplicación de torturas, que prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión, mientras que las severidades, vejaciones o apremios ilegales que prefirió imputar el juez prevén una condena sensiblemente menor, de 1 a 5 años.
Barac había llegado al cargo de director en diciembre del 2011, apenas iniciada la actual gestión de gobierno. Y estuvo en el puesto hasta el 17 de febrero de este año, antes de la denuncia de la fiscal Troncoso. A la hora de dejar el cargo, el exfuncionario lo atribuyó a razones personales y no dio más explicaciones. En su lugar fue designado el abogado Oscar Ghilardi.