Por unanimidad, los miembros del Jurado de Enjuiciamiento desestimaron ayer in limine el pedido de destitución que ingresó el mes pasado contra María Inés Rosselot. La jueza de la megacausa de las expropiaciones había sido denunciada por su excolega Rosalba Marún, a quien procesó como partícipe de la supuesta asociación ilícita que estafó a la provincia en millones de pesos. El planteo había trabado la jubilación de la jueza, pero con la resolución favorable se le allanó el camino para poder hacerlo.
Los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento firmaron la resolución pasado el mediodía, tras una extensa reunión que mantuvieron en el segundo piso del palacio de Tribunales. En horas de la tarde, la decisión fue notificada a la propia Rosselot y a su denunciante, quien hasta diciembre estuvo al frente del Juzgado Civil Nº 1.
La raíz de todo es el escándalo de las expropiaciones fraudulentas. Rosselot investigó durante más de dos años el caso y a mediados de agosto procesó a Marún y a 10 imputados más. Esta última contraatacó denunciándola ante el Jurado de Enjuiciamiento, con el argumento de que como jueza del proceso cometió los delitos de prevaricato, privación ilegítima de la libertad agravada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Según fuentes calificadas, los fundamentos del Jurado de Enjuiciamiento para no admitir el pedido de remoción se basan en dos cuestiones centrales. La primera, que ese órgano no tiene jurisdicción para determinar si un magistrado cometió no delito. La segunda, que el planteo fue prematuro.
La definición de “prematuro” se debe a que contra Rosselot hay en trámite varias denuncias penales por su actuación en la causa expropiaciones (todas impulsadas por personas involucradas en el caso) y hasta el momento, ningún magistrado ha entendido que existan elementos para darles curso (ver recuadro). Inclusive, uno de esos planteos fue motorizado por Marún y el titular del Juzgado de Instrucción Nº 1, Benito Ortiz, lo desechó por entender que la jueza no incurrió en conducta ilícita alguna.
El pedido de destitución le había causado problemas a Rosselot para jubilarse. La jueza ya había anunciado su intención de pasar a retiro una vez que resolviera la situación procesal de los acusados en la megacausa y a los pocos días de dictar los procesamientos, presentó la renuncia en la Cámara de Diputados para acceder al beneficio. Sin embargo, los legisladores decidieron no tratarla hasta que se expidiera el Jurado de Enjuiciamiento y la mandaron a comisión.
El panorama cambió a partir del rechazó del Jury. En el listado de temas que debatirán hoy los diputados aparece la dimisión de la jueza. Y sin el dedo acusador en el medio, se da por descontado que se la aceptarán y le darán vía libre para retirarse con el 82 por ciento móvil.
Distinto hubiera sido si el Jurado de Enjuiciamiento admitía el pedido de destitución y abría el proceso. Rosselot hubiera quedado en peligro de perder el 82 por ciento móvil, ya que la ley nacional que fija ese beneficio dice expresamente que no lo podrán obtener los jueces que son removidos del cargo.
De todos modos, su alejamiento no será inmediato. Una vez que Diputados le acepte la renuncia, debe iniciar el trámite final en la Anses y eso lleva alrededor de 3 meses. Además, la Corte de Justicia la puede convocar para que siga en el cargo hasta que sea designado su reemplazante el frente del Juzgado de Instrucción Nº 5.
Mientras tanto, Rosselot ha dicho que seguirá investigando el escándalo de las expropiaciones y no descarta nuevos procesamientos. Por ahora quedaron en esa condición, además de Marún, el abogado Santiago Graffigna, la perito Ana María Melvin, el exempleado de Recursos Energéticos Néstor Ruíz, 6 exintegrantes del Tribunal de Tasaciones y el exfiscal de Estado Mario Díaz. Salvo el último, a quien le endilga fraude contra la administración pública, la jueza sostiene que se pusieron de acuerdo y tejieron maniobras ilegales para sacarle cifras millonarias al Estado por inmuebles expropiados que valían mucho menos.