San Juan, 21 de marzo.- El fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, acusó en la Fiscalía de Instrucción Nº3 a cargo de Carlos Rodríguez, al exjuez Civil Carlos Macchi, como uno de los partícipes de la red que supuestamente se dedicaba a inflar el valor de los terrenos para sacarle millones de pesos de más a la provincia. Macchi viene de ser destituido de su cargo de magistrado por el mismo caso y ahora quedó expuesto a ser investigado y enjuiciado en sede penal por el mayor escándalo judicial que se recuerde en San Juan.

Así las cosas, Macchi quedó de nuevo bajo la espada de Damocles por el caso expropiaciones. La primera vez fue cuando también el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, pidió su destitución como juez ante el Jurado de Enjuiciamiento por considerar que cometió severas irregularidades en juicios de expropiaciones donde le tocó intervenir. El proceso terminó en el último mes del año pasado, cuando fue removido por las causales de mala conducta y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.

La acción penal que impulsó ahora De Sanctis contra el exmagistrado es parte de una ampliación de denuncia que también apunta a Santiago Graffigna, el principal implicado en la llamada megacausa y procesado como el jefe de la presunta asociación ilícita que en actuó en perjuicio del Estado. Y según las fuentes, hace hincapié en que entre los dos, el primero como juez y el segundo como abogado de los expropiados, hubo una connivencia para sacarle dinero a la provincia en forma indebida.

El titular del organismo que defiende el patrimonio del Estado se tomó, entre otras pruebas, de la investigación que se hizo en el marco del Jury de Enjuiciamiento contra el por entonces magistrado. La misma reveló que en su rol de juez, Macchi cometió y dejó pasar graves anomalías en juicios donde el Estado fue condenado a pagar cifras injustificadas por inmuebles expropiados que valían mucho menos. Y no es casualidad que haga foco en una supuesta connivencia con Graffigna, porque los miembros del Jurado de Enjuiciamiento hicieron mención a esa conducta en varios pasajes de la sentencia.

Los juicios de expropiación que pusieron a Macchi en el ojo de la tormenta son cinco: Ruiz Guillermo, Parque de Mayo, Anes Ramón, Canal Playa y Herrería Gustavo. En todos intervino como juez de primera instancia y producto de las irregularidades que se detectaron, terminaron con montos exorbitantes y fuera de toda razonabilidad para la provincia.

En Ruiz Guillermo, el Estado tuvo que pagar nada menos que 23 millones de pesos por una esquina de 1.400 m2. En el juicio de Anes Ramón desembolsó 12 millones por 9 hectáreas en Cuesta del Viento. En el caso de Parque de Mayo, la sentencia alcanzaría hoy los 1.500 millones de pesos por un poco más de 5 hectáreas. Por Canal Playa, el monto a pagar asciende a los 70 millones de pesos. Y en el de Herrería Gustavo, la provincia fue condenada a abonar 1,8 millones por una vereda de 124 m2.

A partir de la denuncia, Macchi se convirtió en el segundo exmagistrado bajo la lupa de la Justicia Penal por el escándalo de las expropiaciones. La primera es Rosalba Marún, que junto a Graffigna y un puñado de exfuncionarios fueron procesados por la jueza que entiende en la causa, María Inés Rosselot.

El ingreso de Macchi al proceso amenaza con provocar la excusación de Rosselot. La jueza está de licencia, pero ya avisó que se apartará porque es amiga del exmagistrado. Y en el entorno de Maximiliano Blejman, quien podría ser nominado para reemplazarla, dicen que se inhibirá si es denunciado, ya que es amigo de él y su familia.

Sin embargo, puede que alguna de esas excusaciones no se den inmediatamente. Pasa que la denuncia podría ingresar a través de la Fiscalía que entiende en la causa y antes de enviarla a la jueza o su subrogante, el fiscal debe tomarse tiempo para decidir si requiere o no que se investigue a Macchi.