Adrián Infante fue señalado como socio de HDB Producciones y, como tal, denunciado por ser parte de la no devolución de unos 3,5 millones de pesos que la empresa había cobrado de más de parte del Estado por el montaje del escenario de la Fiesta Nacional del Sol 2020. Sin embargo, en la investigación penal fue sobreseído, debido a que se comprobó que no poseía participación societaria y que no tenía manejo de las cuentas bancarias en las que se depositó el dinero. Por esa razón, metió una demanda contra la provincia por falsa denuncia, la que le ocasionó daños económicos y morales. En ese marco, trascendió de fuentes judiciales que solicitó una indemnización de 20 millones de pesos y que la causa entrará en la etapa de mediación con Fiscalía de Estado.
El caso había causado revuelo, ya que fue la propia ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, y abogados del organismo que defiende el patrimonio de la provincia los que radicaron la denuncia penal en mayo de 2020 contra el reconocido empresario de espectáculos Hugo De Bernardo, que conduce HDB Producciones, e Infante. Desde la cartera turística se había producido un desembolso extra y erróneo de 3.525.681,79 pesos por la logística y, otros ítems, del escenario de la Fiesta del Sol de hace dos años y en el Gobierno entendieron que en la compañía se negaron o pusieron trabas para devolver los fondos a tiempo. Así, la investigación giró sobre una defraudación ligada a la no restitución o la retención indebida de dinero. De manera paralela a la causa penal, De Bernardo y sus abogados reintegraron la suma, más intereses, en instancia civil (Ver recuadro).
Según trascendió, Infante fue desvinculado totalmente del expediente penal debido a dos puntos centrales. En primer lugar, en que no tenía control de la cuenta bancaria en la que Turismo depositó la plata. Y, en segundo término, en que no tuvo participación como socio en la empresa, en la que había sido designado como administrador suplente.
Con esa base, Infante arremetió con todo contra el Estado y la ministra al presentar una demanda por daños y perjuicios en el Juzgado Contencioso Administrativo. De acuerdo a las fuentes, sostuvo que desde el principio, cuando recibió la intimación de Turismo, había contestado que no había recibido ningún dinero y que no tenía ninguna responsabilidad, por lo que cuestionó duramente la denuncia en su contra al haberlo involucrado. No fue lo único, ya que puso de relieve que fue la propia repartición la que hizo un pago extra y de manera errónea, en la que no tuvo nada que ver, indicaron las fuentes. Por eso, destacó que la denuncia fue sin sustento legal y maliciosa.
En ese marco, la demanda apunta a un resarcimiento por el daño patrimonial, ya que trascendió que no puede conseguir trabajo. El otro rubro importante tiene que ver con el perjuicio moral, debido a los problemas de tipo anímico que le ha ocasionado someterse a un proceso judicial en el que fue finalmente desligado.
No obstante, Fiscalía de Estado deberá contestar la demanda, en la que apuntará a demostrar que no hay responsabilidad civil de ningún funcionario. Aunque, en primer lugar, los abogados de Infante y los de la provincia deberán sentarse a dialogar para ver si hay un acuerdo en la etapa de mediación previa obligatoria. Si no llegan a ninguna solución, la causa seguirá su trámite hasta que la jueza Adriana Tettamanti defina el pleito. Todo indica que al resultado que arribe será apelado por alguna de las partes.
- Reintegro de fondos
Los abogados de Fiscalía de Estado y de Hugo De Bernardo llegaron a un acuerdo, en el que se estableció el pago a la provincia de una suma que superó por poco los 4,3 millones de pesos, lo que representó un 23,7 por ciento extra de lo que había recibido el empresario, dado que se le aplicó intereses desde que se produjo la transferencia hasta el OK del arreglo, había indicado en su momento Jorge Alvo, titular del organismo que defiende el patrimonio local. El acuerdo fue homologado en el Juzgado Contencioso Administrativo, lo que disparó la liquidación hacia las cuentas de las arcas públicas.
De Bernardo (foto) y Adrián Infante fueron indagados en el Tercer Juzgado de Instrucción, a cargo de Guillermo Adárvez.