El magistrado se había inhibido y el expediente había pasado al titular del Primero de Instrucción, Benito Ortiz, pero este había resistido la decisión de su colega. Así, el Tribunal superior le puso fin a la puja.
La denuncia contra la gestión del intendente José Castro fue realizada por 2 concejales opositores. En la presentación, señalaron que entre abril, mayo y junio, funcionarios del Ejecutivo cargaron 20 mil pesos en nafta y gasoil en movilidades particulares y no de la comuna. La sospecha de los ediles es que el uso del combustible se utilizó para fines personales.
La acusación cayó en manos de Correa, quien dio un paso al costado. Sucede que es el esposo de la propietaria de la estación de servicio que le vende al municipio y si bien no está investigada y no tiene nada que ver con el caso, el magistrado se inhibió para evitar suspicacias. La causa pasó a Ortiz, quien entiende que la inhibición de su colega no está justificada y la resistió. Hasta que se resolviera la situación, dispuso medidas probatorias, como requerirle a la gestión del intendente que aporte documentación acerca del manejo de combustible y cuáles son los vehículos oficiales designados para cargar.
Según fuentes calificadas, la Sala III de la Cámara Penal entendió que las causales de inhibición no se daban en este caso, ya que la dueña del local no tiene ninguna vinculación con el hecho. Así, resolvió que el expediente siga en poder de Correa.