En la Defensoría del Pueblo, el organismo que vela por el cumplimiento de los derechos de la gente, acumularon en el último año alrededor de 30 pedidos de sanjuaninos que buscan una casa del Instituto Provincial de la Vivienda, según informó el defensor adjunto de la entidad, Ricardo Berenguel.

"La mayoría de la gente viene a buscar que le adjudiquen una casa", dijo el defensor. Los planteos generalmente tienen que ver con el sorteo masivo que realizó el Gobierno en septiembre último, de personas que objetaron su no presencia en las listas, su pertenencia a determinado grupo en detrimento de otro o el puntaje asignado oficialmente en el padrón de acuerdo a ciertos criterios como años de anotados en el IPV y familia numerosa o con integrantes discapacitados.

En el organismo, donde ingresan entre 500 y 1.000 expedientes por año aproximadamente, la cantidad de presentaciones contra el IPV no resultaron llamativas. Sin embargo, por lo delicado del tema, Defensoría destacó personal especial para trabajar los casos, según dijo Berenguel.

El organismo no puede obligar, sino simplemente sugerir una medida. Estas presentaciones derivaron en dos medidas concretas del organismo: la participación en los sorteos a manera de garante de la transparencia del proceso; y el envío, en el último trimestre del año pasado, de una nota a la Cámara de Diputados sugiriendo el cambio de la normativa que regula el acceso a los beneficios del IPV.

Sobre lo primero, Defensoría del Pueblo estuvo presente en todo el reparto de viviendas en lo que fue el primer sorteo masivo tras años en el olvido, mediante el mismo bolillero que se usa para la quiniela. Según dijo Berenguel, no comprobaron en la investigación que hicieron de los casos donde los ciudadanos ponían en tela de juicio el accionar gubernamental ni durante la supervisión del sorteo, ninguna anomalía o irregularidad.

Sobre la sugerencia al Poder Legislativo, se hizo porque a Defensoría llegaron "muchos" reclamos de personas solas que plantearon que el hecho de no tener una familia, como exige la normativa del IPV, no es causal para que los excluyan de las adjudicaciones. El organismo, tras el estudio de su equipo técnico y social, encontró razonabilidad en ésto y le mandó a la Cámara la sugerencia de que se cambie la ley, eliminando el requerimiento del grupo familiar. Hasta ahora no hay respuesta.

En muchos de los otros casos en los que intervino Defensoría, su función fue la de orientar a los peticionantes, sobre su obligación también de actualizar los datos en el IPV, porque hubo casos en los que esa era la causa de una valoración distinta a la hora del sorteo, que se rigió por puntaje.

Un antecedente importante se dio en 2008, cuando a raíz de una presentación hecha por un ex combatiente de Malvinas, Defensoría aconsejó al IPV que respetara el cupo que fija una ley nacional, destinado al grupo de veteranos. Berenguel dijo que gracias a esa actuación, luego el Gobierno entregó a fines de 2008 un barrio en Rawson y en el sorteo de septiembre último hubo un cupo determinado para el sector.

Esto no es un dato menor, porque este año hubo cuestionamientos de las dos agrupaciones que reúnen ex combatientes de Malvinas -CEAS y 2 de Abril- al sorteo; y casos como el de un ex soldado de La Tablada a quien incluyeron en el sorteo y cuando le tocó la casa, no se la adjudicaron por no ser de las Islas, pese a que él siempre declaró en la inscripción en qué batalla estuvo. Berenguel aseguró que ningún planteo de este problema llegó en los últimos meses.