Si avanza el proyecto de ley que presentó el diputado justicialista Víctor Muñoz Carpino, el Poder Judicial tendrá cinco defensores oficiales más. La idea es designarlos en los departamentos alejados, para que representen a las personas que no pueden pagar un abogado y así "permitir el acceso de todos a la Justicia". Actualmente hay 9 defensores, pero están en el Palacio de Tribunales y las personas de bajos recursos que viven lejos muchas veces pierden juicios o no ejercen el derecho de demandar por no poder viajar a la ciudad a pedir la asistencia estatal.
La iniciativa tiene apoyo del titular del Ministerio Público. Eduardo Quattropani opinó que el proyecto "es un acto de justicia para la defensa pública y especialmente para los cuidadanos carentes de recursos que habitan en nuestros departamentos más alejados". Y aseguró que si lo convocan para hacer aportes, va a asistir.
El proyecto tomó estado parlamentario ayer y plantea dividir la provincia en cinco zonas, sin contar los departamentos del Gran San Juan, y designar en cada una un defensor oficial. La propuesta del diputado giojista es que Calingasta e Iglesia conformen la zona de frontera; Albardón, San Martín y Angaco la Norte; Pocito, 25 de Mayo y Sarmiento la Sur; que la Oeste la compongan Ullum y Zonda y la Este Caucete, 9 de Julio y Valle Fértil. Mientras que Jáchal queda fuera, porque ahí se asienta la segunda jurisdicción y ya tiene un defensor oficial.
Según el proyecto, los defensores tenderían asiento en cada zona y serían itinerantes. Es decir, irían por los departamentos para atender a la gente que solicita un abogado del Estado sin cargo.
El argumento es que con la estructura actual del Ministerio Público, que tiene bajo su órbita a los defensores oficiales, no todos pueden acceder a Justicia. Pasa que los de escasos recursos de departamentos alejados casi que no tienen la posibilidad de denunciar o de defenderse en un proceso judicial, porque se ven obligados a viajar permanente al centro y muchas veces no lo pueden hacer por razones económicas, explicó el legislador.
Muñoz Carpino puso un ejemplo: contó que en su departamento, Sarmiento, conoció a una mujer separada que no puede demandar a su ex marido por la cuota alimentaria, ya que no tiene plata para venir a la ciudad a pedir que la representación de un defensor oficial.
Uno de los condicionantes es el tema presupuestario. Fuentes judiciales aseguraron que para sostener una Defensoría Oficial, con su titular, tres colaboradores y gastos operativos -estarían en los municipios o los Juzgados de Paz-, hacen falta unos 35 mil pesos por mes. Teniendo en cuenta ese punto, Muñoz Carpino propone que se vayan instrumentando en forma progresiva.