El conflicto médico sumó un nuevo capítulo ayer, cuando la Subsecretaría de Trabajo declaró ilegal el paro dispuesto por el Sindicato Médico durante 12 días del mes de febrero. La resolución abre la posibilidad de que los profesionales que adhieran sean sumariados y se funda en que la medida sindical viola un dictamen de carácter nacional, porque su extensión implica “ejercicio abusivo” del derecho de huelga y “deja a la población sin cobertura suficiente”. El titular del gremio, Daniel Sanna, aseguró que no darán marcha atrás.
La situación con los médicos recrudeció en las últimas semanas, a partir de la decisión del sindicato que lidera Sanna de endurecer el plan de lucha que vienen sosteniendo desde hace años con paros de actividades que afectan la prestación del servicio de salud en los principales centros de salud del sector público. Primero fue un paro de 72 horas para reclamar un incremento salarial previo a la negociación de paritarias que la gestión giojista abrirá entre febrero y marzo con la totalidad de los estatales. Y esta semana notificó al Gobierno provincial de una huelga de 12 días para febrero (todos los martes, miércoles y jueves), es decir que se extenderá por casi la mitad del mes.
Frente a la nueva medida, la Subsecretaría de Trabajo resolvió declarar la ilegalidad. La resolución lleva la firma de la máxima autoridad organismo, Roberto Correa Esbry y entre sus fundamentos sostiene que el paro va en contra de las disposiciones de la Comisión de Garantías del Ministerio de Trabajo de la Nación, puntualmente la que dice que “no luce razonable que la prolongación de una huelga médica deje a la población sin cobertura suficiente y la empuja a recurrir a otras alternativas que ponen en peligro su vida y su salud”.
Por otra parte, argumenta que una medida de fuerza tan extensa “resiente la posibilidad de acceder al derecho constitucional de la salud”.
En Trabajo explicaron que la ilegalidad del paro permite, además del descuento del día, que el Ministerio de Salud inicie sumarios administrativos contra aquellos médicos que se acoplen. Significa entonces que esta vez, las potenciales sanciones podrían ir directamente a los profesionales y no al sindicato que los representa, como en oportunidades anteriores.
Apenas enterado, Sanna habló con este diario y aseguró ayer que no acatarán la declaración de ilegalidad y que seguirán adelante con la ejecución de la medida de fuerza. El gremialista aseguró que “la resolución de la Subsecretaría de Trabajo vulnera lo que dice la Comisión de Garantías y el derecho constitucional de huelga que tenemos los trabajadores, vamos a contestar a través de nuestro abogado como corresponde, pero lo analizamos con nuestros cuerpo orgánicos y la decisión de continuar ya está tomada”.
El conflicto lleva ya más de tres años y parece de nunca acabar. El Sindicato Médico se ha convertido en uno de los más combativos y mantiene un duro enfrentamiento con el Gobierno de manera constante. Entre otras cosas, reclama un trato diferencial al de sus pares estatales a la hora de los aumentos de haberes, una modificación a la ley 2580 (es la que regula la actividad de los profesionales del sector de la salud en el Estado) y la concesión del 82 por ciento de jubilación. Todo, en medio de un contexto convulsionado por los periódicos paros de actividades.
La disputa llegó a uno de sus puntos más calientes el jueves, durante la medida de fuerza de 72 horas, la primera que realizan este año.
Cuando inspectores del organismo laboral y abogados de la Fiscalía de Estado recorrían ese día al Hospital Rawson para verificar si se estaban prestando los servicios médicos, fueron sorprendidos por un grupo de profesionales que los repudió a los gritos y todo derivó en una situación de escándalo. Incluso, los manifestantes llegaron hasta la oficina donde se encontraba en ese momento el ministro Oscar Balverdi para pedirle que dé un paso al costado.
Con los resultados de las inspecciones en la mano, la Subsecretaría de Trabajo concluyó que los médicos no cumplieron las exigencias de la Comisión de Garantías de asegurar la atención de los menores y las embarazadas y que no mantuvieron las guardias mínimas en otros servicios en el principal nosocomio de la provincia. Por eso, el lunes resolvió aplicarle al gremio una dura multa que en el organismo estiman que ascenderá a un monto equivalente a 2.500 pesos por cada profesional que haya adherido.
Mientras tanto, hay en análisis medidas que podrían terminar judicializando la cuestión. Días atrás, el vicegobernador en ejercicio del Ejecutivo, Sergio Uñac, no descartó que la Fiscalía de Estado impulse en Tribunales una acción para garantizar la prestación del servicio de salud durante febrero (ver recuadro).
En la vía administrativa hay otra compulsa. Es por un duro castigo que la Subsecretaría de Trabajo le aplicó al gremio médico por no asistir a una reunión de conciliación obligatoria y seguir con un paro. Fue de 123 mil pesos y el sindicato se resiste a pagarla.