El militar retirado Gustavo Ramón De Marchi, quien se encontraba prófugo de la Justicia y fue detenido en Villa Gesell el 27 de febrero pasado, fue incorporado ayer al megajuicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia que lleva adelante el Tribunal en el Criminal Federal de San Juan.

Es el sexto imputado sometido a proceso por delitos tales como privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, asociación ilícita, tormentos y tormentos seguidos de muerte, que ya tenía en el banquillo de los acusados desde el 7 de noviembre del año pasado a Jorge Olivera, Osvaldo Martel, Daniel Rolando Gómez, Horacio Julio Nieto y Alejandro Lazo.

Debido a lo avanzado del proceso y al tiempo transcurrido, con varias declaraciones testimoniales que obviamente De Marchi, por haber estado ausente y no haber podido defenderse, no había podido escuchar, ponían en duda que fuera incorporado al proceso. Pero ayer tanto al Ministerio Público Fiscal, que ya lo había planteado, como los abogados querellantes, que se sumaron el pedido, solicitaron al Tribunal que De Marchi fuera sumado.

El argumento fue que todavía ningún testigo lo había mencionado, pero la defensa oficial, que llevan adelante los abogados Eduardo Pirrello y Diego Giocoli, planteó que el acusado no había podido defenderse de las imputaciones por sí mismo ni a través de sus representantes.

No obstante, el Tribunal entendió que ‘no existe obstáculo procesal para incorporar al acusado al proceso‘ y procedió en consecuencia.

Para garantizar la defensa de De Marchi en el juicio, pusieron a disposición de sus abogados defensores las actas de los debates y las copias de audio y video de todas las audiencias que han tenido lugar hasta la fecha.

También podrá solicitar que se repita alguna declaración testimonial que lo mencione, como ya sucedió, por ejemplo, con Daniel Illanes, Juan Neffa y José Casas.

El nuevo acusado está imputado por la llamada causa Bustos. Hugo Ricardo Bustos era un militante de la Juventud Peronista, quien también trabajaba en la UNSJ, detenido primero en la Legislatura provincial y después en el Penal de Chimbas. En esta causa están acumulados los casos de reconocidas figuras políticas como el gobernador José Luis Gioja, su hermano César Gioja, el cortista José Abel Soria Vega y el gremialista Enrique Faraldo.