En la gestión uñaquista van camino a lograr un ahorro millonario en los servicios técnicos que tienen que ver con la comunicación de la Policía y el sistema del 911. Desde la Secretaría de Seguridad, a cargo de Carlos Munisaga, encararon la renovación del contrato y abrieron la competencia a las empresas especializadas en la materia. El Gobierno viene pagando 46 millones de pesos mensuales y, tras las cartas de intención presentadas por algunas de las compañías, el nuevo monto tiene una base de 34,5 millones de pesos, es decir, un ahorro de 11,5 millones de pesos al mes. Como el acuerdo será por dos años, el saldo a favor llegaría a los 276 millones de pesos en dicho plazo, siempre y cuando se mantengan esos números. Pero en el área de Seguridad esperan que el ahorro sea aún mayor cuando los interesados entren al terreno de la disputa y presenten sus ofertas definitivas.
Munisaga explicó que ayer comenzaron a enviar los pliegos del servicio a distintas compañías, ya que la modalidad de contratación se hará por cotejo de precios. Aunque en la Secretaría tenían la posibilidad de llevar a cabo una contratación directa debido a la declaración de la emergencia sanitaria, que comprende al área de Seguridad, los funcionarios apuntaron a darle más transparencia al mecanismo y que haya competencia entre los postulantes. El objetivo es que los nuevos prestadores estén dando el servicio desde el 1 de julio.
Munisaga destacó que el contrato lo viene prestando la empresa Telefónica, el cual tiene dos grandes servicios: uno que comprende el sistema de comunicación de la Policía, que tiene un mecanismo de encriptación para que no se interfieran las llamadas; y otro que contiene al software del 911 y el mantenimiento del monitoreo de las cámaras de seguridad. El secretario de Seguridad y el de la Gestión Pública, Andrés Rupcic, habían firmado un acuerdo para que el Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Sabina Frederic, costeara la licencia del software de la segunda prestación (Ver recuadro). El aporte nacional ya significó un ahorro para la provincia de unos 4,5 millones de pesos mensuales, lo que en dos años representarán 108 millones. Dentro de ese rubro se encuentra el mantenimiento del sistema del 911, por lo que se ha invitado a empresas especializadas para que hagan sus propuestas técnicas y económicas.
La ayuda de Nación permitió abrir el contrato y separar los servicios, por lo tanto, convocar a compañías para cada uno de ellos, destacó el titular de Seguridad. La otra prestación tiene que ver con lo que se denomina trunking digital, el sistema de encriptación para las llamadas policiales, indicó Munisaga. En ese rubro, la provincia viene desembolsando 38 millones de pesos al mes a Telefónica, quien a su vez, subcontrataba el servicio. Al abrir el juego, ya hubo una "carta de intención" por parte de la firma BGH, cuya propuesta fue de 31 millones. No obstante, el funcionario informó que se convocará a otras compañías, como la misma Telefónica y Galante. Al entrar en el juego de la competencia, Munisaga señaló que puede haber propuestas por un monto inferior. Inclusive, expresó que la iniciativa de BGH contempla una extensión del servicio hacia toda la provincia, el cual hoy comprende al Gran San Juan y las comunicaciones en los controles limítrofes hacia el Sur y el Este. Si se mantuviera la oferta de BGH, el ahorro mensual es de 7 millones de pesos, por lo que en dos años (lo que dura el contrato) se iría a 168 millones. Ese monto más los 108 millones del 911 y el sistema de cámaras arroja el ahorro total de 276 millones de pesos.
En pesos
Munisaga resaltó que el contrato que contenía las dos grandes prestaciones estaba en dólares. En cambio, los nuevos acuerdos por cada uno de los servicios estará en pesos, lo que da un alivio a las arcas, teniendo en cuenta la volatilidad del dólar.
Acuerdo con Nación
El 9 de marzo, el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, y el de la Gestión Pública, Andrés Rupcic, firmaron un convenio con la ministra de Justicia de la Nación, Sabina Frederic. En el acuerdo, la administración de Alberto Fernández se comprometió a hacerse cargo de los gastos por el uso del software del mecanismo de llamadas de emergencia y videovigilancia, lo que implicó un alivio para las arcas locales.
Según había manifestado el primero de los funcionarios, el ahorro para la provincia se logró gracias a una nueva visión que tiene la administración nacional en materia de seguridad, ya que "apunta a colaborar con cada distrito y federalizar el sistema 911". Con un mismo programa de atención de llamadas de emergencia, "se comparte más fácil la información", lo que implica que en un futuro Nación podrá aplicar políticas integrales de seguridad.
El convenio nacional fue el puntapié para renovar la contratación de los diferentes servicios.