Para la cúpula de la Dirección de Asistencia Médica Social Universitaria (DAMSU), la resolución del martes de la Superintendencia de Servicios de Salud que la elimina del registro especial de obras sociales universitarias del país no fue accidental ni tampoco casual, sino que responde a una embestida directa del gobierno macrista contra las coberturas médicas sindicales y de las casas de altos estudios. Si bien las autoridades de la entidad local aseguraron ayer que la medida no modifica en nada su normal funcionamiento, ya que continuarán trabajando sin inconvenientes, sí manifestaron que se han vistos perjudicados y por eso no descartaron acciones legales contra el organismo nacional.
Quien dejó en claro que la entidad local entiende que el conflicto tiene un trasfondo político fue uno de los consejeros, José Mini, que en rueda de prensa expresó que “el Consejo de Administración de DAMSU entiende que acá se esconde una decisión política del gobierno nacional de avanzar sobre las obras sociales. Hay una ofensiva clara y explícita sobre nuestro salario, las condiciones de vida y, obviamente, ataca uno de los puntos más importantes que es la salud”. Tras la conferencia de prensa, el resto de los consejeros se mostró en sintonía con los dichos de su colega. Mini explicó que la obra social le solicitará apoyo al rector de la UNSJ, Oscar Nasisi, quien confirmó que está a disposición, pero que no comparte que la resolución sea una embestida del macrismo contra las obras sociales universitarias.
Tal como adelantó DIARIO DE CUYO, el Consejo Directivo de DAMSU mantuvo ayer una reunión extraordinaria para tratar la noticia que cayó como un balde de agua fría en las autoridades y en los afiliados porque al principio desconocían cómo les iba a afectar quedar afuera del registro especial de obras sociales universitarias. Incluso, desde la misma entidad había trascendido la preocupación de que la misma tuviera inconvenientes para operar. La presidente del Consejo, Zulma Corzo, se reunió con el delegado local de la Superintendencia de Salud, Sebastián Turcato, quien, según la mujer, le confirmó que la decisión no tiene ningún efecto sobre DAMSU. En ese marco, indicó que el funcionario explicó que se trata sólo de un proceso formal para dejar en claro un mecanismo que se creó en 2000 para que las coberturas médicas de las casas de altos estudios cumplan con condiciones fijadas por la Superintendencia, pero que nunca se instrumentó.
Para llevar tranquilidad, Corzo sostuvo que desde la delegación local se comprometieron a emitir un comunicado para aclarar que DAMSU no se verá afectada. Por otro lado, la presidente explicó que le consultó a Turcato por qué el organismo nacional tomó la decisión ahora de eliminar a DAMSU del registro y no lo hizo antes, y si esto se debe a implicancias políticas “algo que él no supo explicar”, manifestó.
Si bien las autoridades de la obra social respiraron hondo con la explicación del representante local, decidieron que presentarán ante la Superintendencia, en Buenos Aires, un recurso de reconsideración para evitar que la resolución tome efecto. El temor de DAMSU es que la AFIP pueda bloquear su CUIT y dejarlo sin margen de operación, ya que el organismo nacional notificó de la baja. Sobre una eventual acción judicial, indicaron que lo analizarán junto al Cosun (Consejo de Obras Sociales de Universidades Nacionales), órgano que respaldó a las entidades afectadas y que indicó que el normal desarrollo no se verá entorpecido en ninguna medida.
> Recurso legal
Según confirmó Cayetano Dara, letrado contratado por el Consejo Directivo, ya están trabajando en el recurso de reconsideración para presentar ante la Superintendencia de Servicios de Salud. El documento que servirá para frenar la resolución publicada en el boletín oficial. Estará lista entre el 22 y 23 de este mes.
Afiliados
15
mil, esa es la cantidad aproximada de personas a las que DAMSU brinda cobertura de salud. La mayoría son docentes y familiares de los titulares.