Un relevamiento realizado por DIARIO DE CUYO en la Cámara de Diputados arrojó que, de 29 legisladores consultados, 16 de ellos le dan el visto bueno a la publicación en el sitio web del Ejecutivo del Registro de Deudores de Cuota Alimentaria. Se trata de una lista que contiene a más de 150 padres que están separados y que no han cumplido con la obligación de destinar una parte de su salario a la alimentación de sus hijos. El proyecto de ley, que tiene como eje fundamental el escrache de los morosos, ya fue impulsado por la diputada Rosalía Garro en el 2008 y cobró nueva fuerza tras la aplicación de una ley similar en Mendoza (ver recuadro). En el sondeo realizado por este medio, 12 diputados manifestaron que primero quieren analizar la propuesta antes de definirse y una legisladora, Lucía Gómez, se expresó en contra de la iniciativa.
Los representantes del Poder Legislativo que están a favor de la medida señalaron, en general, que implica una sanción social para el padre que no transfiere el dinero a sus hijos. Explicaron que se trataría de una apuesta fuerte, para que se hagan cargo de una responsabilidad mayúscula que tiene que ver con el interés superior del niño.
Por el otro lado, los diputados que desean estudiar con mayor profundidad el proyecto indicaron que quieren tener en claro si la publicación del nombre del deudor no afecta el derecho a la intimidad o, inclusive, si el chico se vería perturbado al ver el nombre de su papá por internet. De todos los consultados, la legisladora oficialista Lucía Gómez resaltó que no comparte el castigo y expresó que la Justicia tiene las herramientas para exigir el pago de esa obligación (ver página 7).
El mecanismo de dar a conocer públicamente un listado de personas que están de punta con la ley cuenta con un antecedente concreto en la provincia. Entre los casos se destaca la experiencia de la Dirección General de Rentas, que en dos ocasiones divulgó en su página de internet a los contribuyentes que le debían los impuestos al fisco. Además, en la lista se exhibía cada uno de los montos que adeudaba los involucrados. Adrián Villegas, titular de la repartición, manifestó que tras la publicación, la recaudación mejoró sensiblemente y que se redujo la cantidad de morosos. Por ley se creó el registro de violadores, pero aún no se ha puesto en marcha y su implementación está en manos de la Corte de Justicia.
En el caso de los padres que deben tres o más cuotas alimentarias consecutivas o que adeuden cinco o más cuotas alternadas, quedan anotados, por orden del juez de Menores, en el Registro que depende de la Secretaría Administrativa del máximo tribunal judicial. De acuerdo a las constancias de la lista, actualmente están estampados los nombres, domicilios y documentos de identidad de los padres que no están al día. En ese listado ‘negro‘ hay personas que figuran (y persisten) desde la misma creación de ese instrumento, allá por el año 2000.
Según la Ley 7.072, que regula el funcionamiento del Registro de Morosos, cuando una persona queda inscripta, sufre una serie de sanciones. En primer lugar, el listado se comunica a la Dirección de Tránsito y Transporte, a la empresa EMICAR, concesionaria de la entrega del carnet de conducir, a los juzgados de Paz y de Faltas o a la División Tránsito de la Policía para que esos organismos le retengan, inhabiliten o ni siquiera le entreguen el carnet al incumplidor.
Asimismo, la reglamentación prevé que toda persona que sea contratista, proveedor o acreedor del Estado provincial, pida un préstamo en la Caja de Acción Social o trabaje en la administración pública de cualquiera de los tres poderes y en los municipios, debe presentar el certificado que expide el Registro de Deudores en el que consta su situación. En el caso de que figure una mora en el pago de la cuota alimentaria, la repartición debe retener el saldo negativo y transferirlo a la cuenta que dispuso el Juzgado para el depósito.
Garro y su par Horacio Espejo propusieron anteriormente que el registro fuera publicado en la página del Gobierno, pero la propuesta se trabó en los debates en comisión. Para el diputado hubo “distintos criterios”, mientras que Garro sostuvo que “nosotros pedíamos la retención del salario de los empleados públicos de todos los poderes, pero hubo algunas objeciones legales”. Debido a las discusiones que se generaron, la propuesta no tuvo despacho.
Sin embargo, con la norma sancionada en Mendoza, la legisladora resaltó que “nos pone muy feliz esta iniciativa que han tomado. Hemos pedido un contacto con el senador autor del proyecto para comparar la nueva ley con nuestro proyecto, por si tenemos que modificar o agregar algo u obtener información de las fundamentaciones legales”.
Uno de los aspectos que tiene la norma mendocina es que la publicación de los morosos se realiza no sólo en el sitio del Estado provincial, sino también en los medios de comunicación de la provincia. Con respecto a ese detalle, Garro manifestó que su idea no contemplaba a los medios de difusión, pero que iban a estudiarlo porque “se podría agregar”.
La legisladora aseguró van a conseguir los antecedentes de la ley mendocina y que la semana próxima presentarán el proyecto nuevamente para que tome estado parlamentario. “Luego pasaría a las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Familia y Derechos Humanos”, remarcó Garro quien se mostró optimista: “Creo que vamos a tener buen resultado y hay buena voluntad. Lo hemos estado charlando con el presidente de bloque (Víctor Doña) y lo vamos a presentar. Esperamos que sea posible sacarlo durante lo que queda de sesiones ordinarias. Si no, los diputados que asuman lo van a aprobar el año próximo”.