Buenos aires, 6 de marzo.- La presidenta Cristina Fernández
refutó hoy a los ministros de la Corte Suprema que exigen más
presupuesto, personal y jueces, con un discurso en el cual denunció que la Justicia comete "errores y horrores", reclamó al tribunal que "cumpla su rol" y, además, criticó a los medios de comunicación por la forma en que tratan la inseguridad.
Al mismo tiempo, admitió que "comparto totalmente" con los
jueces de la Corte que "la inclusión social, la mejor calidad de vida
de la sociedad también genera una mayor seguridad para todos los
argentinos", así como su oposición a la pena de muerte.
La Presidenta replicó las críticas de miembros de la Corte
sobre la situación de la Justicia, especialmente de la ministra
Carmen Argibay, quien aseguró que faltan muchos medios en los
tribunales para acelerar los juicios, por ejemplo los de casos de lesa humanidad, como reclama permanentemente el Gobierno.
"Los argentinos necesitamos Justicia a secas", afirmó, y
consideró que "no tiene sentido la dicotomía entre Justicia
‘garantista’ y Justicia de ‘mano dura’". En ese sentido, la Presidenta expresó su oposición a la pena de muerte: esa medida extrema, dijo, "no es una solución para nada".
Y también criticó a los medios de comunicación por el manejo
de los temas de inseguridad: "Me gustaría que las noticias se
publicaran completas y se dijera que además que criticar al Gobierno, (Argibay) criticó también por ejemplo a los medios de comunicación por el tratamiento que hacen de la inseguridad y cómo contribuyen a generar y a crear un temor en la sociedad".
"Porque dijo textualmente, si mal no recuerdo, cuando lo
escuché, ‘con la noticia de un crimen repetida 358 veces al día parece que hubiera 358 crímenes y no uno solo’, criterio que comparto absolutamente", afirmó Fernández.
"Los grandes problemas de la sociedad deben ser abordados por
todos los integrantes de los poderes y los medios de comunicación
sin verdades a medias, sin inexactitudes y con honestidad
intelectual", advirtió la mandataria al hablar en la residencia de Olivos.
Así, reclamó a la Corte que cumpla "su rol de jefatura de uno
de los poderes del Estado, el rol de superintendencia" de la
Justicia, y refutó especialmente a Argibay al sostener que la eventual falta de designación de jueces o de recursos "es inexacta" y no tiene relación con la administración de Justicia.
"Estamos ante la necesidad de una Justicia que sea más eficaz,
que tenga mayor celeridad y que no produzca los errores y
horrores que significa que, por la falta de la firma de un fiscal o un
médico, una persona que ha violado a una discapacitada quede en
libertad", expresó.
Tras insistir con que la Justicia tiene "algunos errores que
son inexplicables", aseguró que "la Justicia tiene elementos y
leyes para que quienes son peligrosos no queden en libertad".
"En materia de liberación de detenidos que luego vuelven a
cometer delitos y tienen un altísimo grado de peligrosidad, tenemos una responsabilidad de la Justicia, y esto no es echarle la culpa otro poder. Es que la única que puede juzgar y encarcelar a quienes delinquen en un sistema de división de poderes es la Justicia", afirmó.
La mandataria hizo estas declaraciones un día después de que
Argibay afirmó: "Yo le diría a la señora Presidenta que no es
cierto que los poderes Legislativo y Ejecutivo han hecho todo y ahora es la hora de la Justicia. El Legislativo y Ejecutivo nos han
recortado el presupuesto. Si quieren que aceleremos los juicios,
primero nombren los jueces que no tenemos".
Fernández reiteró que "las causas de lesa humanidad están
absolutamente demoradas por chicanas judiciales y por las constantes demoras en los jueces en tomar resoluciones".
"Llegamos a disparates de jueces que intentaron dejar en
libertad al capitán (Alfredo) Astiz. Todos tenemos responsabilidades, pero en materia de justicia y de liberación de detenidos que luego vuelven a cometer delitos y que tienen un altísimo grado de peligrosidad, la responsabilidad es de los jueces, porque a raíz a la división de poderes los únicos que pueden juzgar, encarcelar y liberar son los jueces".
En tanto, el decano de la Corte, Carlos Fayt, avaló a Argibay
y enfatizó: "No hay jueces, falta infraestructura, no hay locales,
nosotros tenemos ese enorme problema".
"La Justicia tiene la obligación de ser un baluarte de la
justicia y el derecho para cada uno de los procesados, y no que falten jueces. Hay una cantidad de subrogantes que no tiene calidad de jueces", advirtió.
En tanto, apoyaron a la Presidenta el ministro de Justicia,
Aníbal Fernández, y los jefes de los bloques de Diputados y
Senadores nacionales, Agustín Rossi y Miguel Pichetto.
Rossi aconsejó a la Corte evitar la "defensa corporativa y
tener una mirada más crítica" del poder que conducen. Por radio
América dijo que "se necesita una fuerte sugerencia de la cabeza del Poder Judicial, la Corte Suprema, para que se aceleran los juicios a todos los que cometieron delitos de lesa humanidad".
Y destacó que el año pasado el Parlamento aprobó leyes que
reformaron los recursos de Casación y ante la Corte y la creación de una Cámara, de un nuevo mecanismo para los jueces subrogantes y de un fondo de recompensas.
Por su lado, Aníbal Fernández afirmó que en su primer año de
gestión nombró a "137 jueces" contra "29" del período anterior.
Afirmó que ningún miembro de la Corte -ni siquiera el titular del
cuerpo, Ricardo Lorenzetti- le hizo un "planteo formal" sobre falta
de recursos, pero admitió que "si hay que revisar" una carencia de
magistrados, "se revisarán".
Criticó las demoras en juicios por derechos humanos y afirmó
que "la Justicia tiene que poner en orden" en la situación de
jueces que hacen "de chicle" los procesos contra represores.
Y resaltó que "el presupuesto que está teniendo la Corte es el
presupuesto con el que se discute todos los años y yo no he
tenido como ministro de Justicia ningún planteo formal respecto de
falta de dinero para la solución de ese tema".
Pichetto advirtió que la Justicia debe "hacerse cargo de su
responsabilidad en la lentitud que afecta a los juicios por derechos
humanos", y que "Argibay debería tener mayor prudencia y no
pretender trasladar al Parlamento Nacional una responsabilidad que en esta materia no tiene".
El constitucionalista Daniel Sabsay opinó por su lado que "no
corresponde" que la Presidenta "de manera tan frecuente opine
sobre lo que hace la Justicia", y consideró "penoso" el
"enfrentamiento entre titulares de Poderes" de la República, "más allá de quién tiene o no razón".