Cuando una ambulancia de un hospital público choca a un auto, hay una presunta mala praxis de un médico estatal o hay una usurpación de una vivienda del IPV, son todos ejemplos de casos que pueden terminar en la Justicia con demandas en las que el Estado provincial es parte. Ya sea como demandado o cuando el propio Estado acciona contra alguien.
Para evitar los altos índices de litigiosidad, la Cámara de Diputados sancionó una ley, que fue modificada en marzo de este año, que obliga a que en todas las causas en las que el Estado es parte, sean civiles, laborales o de Justicia de Paz, vayan a la instancia de mediación judicial para evitar los juicios. Eso permitió que crezca la cantidad de causas resueltas por este sistema.
Según la titular del Centro Judicial de Mediación, Delia Quintar de Massara, alrededor de un 15 por ciento de las causas en las que el Estado es parte, aunque no tenía el dato de cuántas son, terminan resueltas favorablemente.
El sistema permite que, al evitar ir a juicio, un conflicto termine en menos tiempo que en un proceso judicial tradicional, con el consiguiente ahorro de costos por trámites que se evitan. También ayuda al juez a descongestionar causas, porque sólo interviene en aquellas que no pueden resolverse mediante la mediación.