“Este es el título de dominio… acredita la propiedad”, aseguró ayer mostrando un documento Fernando Baudonnet, el abogado local de la familia chilena que reclama como propio un pedazo de la cordillera sanjuanina. “Poseen nada más que derechos y acciones y eso no demuestra propiedad”, dijo por su lado el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, mientras repasaba el resultado que arrojó un estudio que hizo el organismo sobre la relación entre los supuestos dueños y el inmueble. La existencia o no de un título es el nudo del planteo judicial que abrió la disputa entre las dos partes y es clave para definir si los herederos de una ciudadana transandina podrán o no inscribir a su nombre nada menos que 60 mil hectáreas y medias ubicadas en una zona estratégica de Calingasta.
Baudonnet representa a siete integrantes de la familia Errázuriz Correa, que son descendientes de María Luisa Correa de Errázuriz. Por instrucciones de sus clientes, inició una rectificación de título con la intención de definir la extensión del inmueble calingastino y así, poder inscribirlo a nombre de los trasandinos como un bien heredado.
El problema para ellos es que el organismo que defiende el patrimonio provincial se opuso a ese trámite. ¿Por qué? Sostiene que los Errázuriz Correa no cuentan con un título de propiedad, por lo que no pueden hacer una rectificación de algo que no existe. Por eso, planteó que la contraparte no tiene legitimación activa y que la acción judicial no debería tener resolución favorable.
En el fondo de todo se discute mucho más que la validez de un documento. Es que si los trasandinos tienen éxito, obtendrán aval para hacer un trámite administrativo y quedarse definitivamente con las tierras. De lo contrario, podrían desistir o buscar una vía alternativa.
Baudonnet exhibió ayer un documento en donde consta que las tierras fueron transferidas en 1968 a Correa de Errázuriz y un informe del Registro Inmobiliario que dice que consta el dominio a nombre de la misma mujer. Con los papeles en la mano, el profesional aseguró que “este es el título de dominio, no sé por qué dicen lo contrario”.
Cuando se enteró del planteo judicial, el fiscal de Estado ordenó hacer un estudio de título, al que se abocaron los abogados María Eugenia Varas, Lisandro Zapata, Mariela Rufino, Luis Lloveras y Azucena Mercado y los ingenieros Ricardo Martínez y Roberto Nievas. Ayer, De Sanctis contó que la conclusión de ese trabajo fue que “lo que se viene transfiriendo no es un título de propiedad, son derechos y acciones”. “Nadie puede transmitir un derecho mejor y más amplio que el que tiene”, dijo para ejemplificar que la familia chilena no puede poseer el dominio de propiedad si heredó derechos y acciones.
Y acerca del dato de la inscripción en el registro oficial, advirtió que “eso no significa que sean dueños”. “Antes, se anotaba todo”, aseveró en referencia a la informalidad que había antiguamente en cuestiones inmobiliarias.
Baudonnet aportó un documento en que aparece la historia del inmueble (ver aparte) y aclaró que sus clientes no se quieren quedar con los bienes de dominio público, como ríos y arroyos. Ese es uno de los puntos que hacen de las tierras en juego un bien estratégico, ya que son recursos vitales, además de estar en una zona de seguridad de frontera.