Cuando un nuevo fallo judicial volvió a reactivar la intervención de Papel Prensa, los jueces se incorporaron ayer a la polémica generada por la venta de Papel Prensa y replicaron en duros términos los dichos del ministro de Economía, Amado Boudou, que había calificado como "justicia exprés" el fallo de la Cámara que removió a los directores titulares del Estado en esa empresa.

En tanto, el gobierno volvió a reforzar su embestida sobre el tema y a través del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, remarcó que "no se puede tapar más" la verdad sobre el tema.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn) aseguró que las afirmaciones del jueves de Boudou "constituyen una agraviante exorbitancia respecto del derecho de crítica que asiste a cualquier litigante para opinar sobre un decisorio de cualquier tipo, al tiempo que configuran un evidente nuevo intento de vulnerar la independencia del Poder Judicial y condicionar a las eventuales instancias revisoras".

La entidad dio a conocer su opinión en un comunicado al mismo tiempo que magistrados de todo el país cerraban la IV Conferencia Nacional de Jueces en la que, entre otros temas, revindicaron la importancia de la independencia judicial como garantía para todos los ciudadanos.

El jefe de Gabinete volvió a hacer declaraciones sobre el tema y enfatizó que "la verdad" sobre la venta de Papel Prensa, propiedad de los diarios Clarín y La Nación, "tiene que aparecer, no se puede tapar más". "Quien las hace las paga, sea quien fuere", advirtió el ministro, en tanto que criticó a los legisladores que buscan postergar el tratamiento del proyecto oficial para declarar de "interés público" la producción de ese papel al asegurar que son "clarindependientes y magnettodependientes".

Mientras se suman nuevos actores a la controversia, el diputado Omar De Marchi (Demócrata de Mendoza) propuso a través de un proyecto de ley que el Estado venda, mediante licitación pública, sus acciones en Papel Prensa y con el producto de la operación, crear un Fondo para el Desarrollo del Papel a fin de incentivar la fabricación del material. De Marchi argumentó que la intención es "dar un marco de seguridad jurídica en la República Argentina" al tiempo que advirtió que el artículo 32 de la Constitución Nacional prohibe el dictado de leyes que limiten la libertad de prensa" y eso "no parece estar en línea" con el proyecto que el Gobierno envió al Congreso para declarar "de utilidad pública" la producción de papel prensa.