La polémica que se ha generado con la Caja de Previsión para los Profesionales de las Ciencias Jurídicas, por los bajos haberes jubilatorios que paga la institución y la falta de cobertura asistencial, va en aumento. Es porque ahora un grupo de letrados hizo una presentación ante el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) porque se sienten marginados debido a que sostienen que los obligan por ley a pertenecer a la institución. Ellos, en cambio, preferirían pasarse al sistema público previsional que, entienden, abona beneficios superiores. Se trata de un nuevo round en la pelea, el cuarto desde que comenzó con un proyecto legislativo para que la adhesión al organismo fuera voluntaria, después vino un intento por disolverlo, siguió un planteo en la Defensoría del Pueblo para que se mejoren las prestaciones que brinda y en los últimos días fue la queja por la afiliación compulsiva.
El escrito ante el Inadi, una repartición creada para garantizar la igualdad de derechos a todas las personas, lleva la firma de la abogada Lilian Aracena, integrante de la Agrupación de Abogados Independientes. Es un grupo de profesionales que se ha formado porque están molestos por los altos aportes jubilatorios que deben pagar mensualmente a la Caja y los bajos beneficios que perciben, incluso sin contar con obra social. Este es el sector que está trabajando en un anteproyecto de ley para disponer la disolución y liquidación de la institución. Cuando la planteen será la segunda iniciativa en la Cámara de Diputados porque ya el diputado radical Eduardo Castro presentó una propuesta para que la adhesión a esta caja, como a las otras cinco que nuclean al resto de los profesionales, sea voluntaria y no obligatoria, como el sistema legal lo ha determinado hasta ahora.
En el planteo ante el Inadi los profesionales de la agrupación pretenden que el organismo lleve adelante las actuaciones necesarias ante la ley para finalizar con lo que ellos entienden es una discriminación, porque no pueden pasarse al sistema previsional estatal, y que también la Caja dé los pasos necesarios para hacer cesar esa situación. En la fundamentación de la presentación los letrados sostienen que “las diferencias sociales expuestas nos va a llevar a una desigualdad económica y a una vejez con total desamparo. Nos va a obligar a trabajar aun cuando la edad de jubilación esté excedida, aun cuando estemos enfermos o nos va a condenar a la denigración personal de no tener una vida digna en la culminación de nuestras carreras”.
Este requerimiento al Inadi se suma al que hizo otro abogado, Gabriel Sanz, quien pidió la intervención del Defensor del Pueblo para que le reclame a la Caja de Previsión del sector que mejore los haberes previsionales que paga y que dé cobertura asistencial a los afiliados. Sobre el tema hubo respuesta del organismo constitucional, que exhortó a la entidad previsional a que llame a asamblea para tratar estos temas.
El directorio de la Caja, presidido por Claudia Garramuño, se reunió el miércoles de la semana pasado y resolvió convocar a una asamblea extraordinaria, en fecha a determinar, con la finalidad de crear un fondo para dar cobertura asistencial a los pasivos de la institución. Será mediante el pago de una cuota que aportarán los mismos afiliados. En la actualidad la Caja abona 163 beneficios, de los cuales 121 son jubilados y 42 los pensionados. Un jubilado, con 23 años de aportes, percibe un haber de 3.373 pesos.
La institución también está trabajando en un proyecto de ley que propone que, además de los aportes que seguirá haciendo cada abogado, sean también los clientes que contraten los servicios de un jurista los que pasen a hacer contribuciones para su jubilación. De aprobarse la idea, se encarecerán los costos para litigar y la jubilación se iría al doble.