Como la resolución de los sumarios administrativos contra los empleados estatales que cometen irregularidades demandan hasta tres años, la Asesoría Letrada de Gobierno, que conduce Carlos Lorenzo, creará un área específica, con un cuerpo especial de abogados, para acelerar los plazos. La iniciativa busca que no se produzcan dilaciones en los expedientes y, de esa manera, que el trámite se reduzca a, al menos, un año, con el fin de que el investigado tenga una rápida respuesta. La cartera del Ejecutivo ya está trabajando en los detalles del proyecto, por lo que esperan aprobarlo, en principio, a través de un decreto, en lo que resta del año para que esté operativo en 2021. Inicialmente, el equipo de especialistas estará integrado por unas 12 personas y no será necesario nombramientos, ya que las tareas serán realizadas por abogados que ya cumplen funciones en el Estado.
Los sumarios administrativos son los procesos internos que lleva adelante el Ejecutivo para determinar las responsabilidades de un empleado de la administración pública, acusado de haber cometido una falta grave. A través de dicha investigación, el agente puede recibir sanciones que van desde la suspensión en sus funciones de 10 hasta 31 días, la postergación de un posible ascenso y los castigos calificados como expulsivos, como la cesantía y la exoneración. La diferencia entre estas dos es que, en la segunda, el agente queda imposibilitado de ingresar al Estado de por vida.
Como la administración pública cuenta con una cantidad de agentes que supera los 40 mil, son varios los procesos que se realizan anualmente por faltas graves, aunque, según indicaron las fuentes, no hay un número específico de cuantos trámites hay en curso en el momento. Según explicó Lorenzo, el conflicto radica en que cada repartición lleva adelante su sumario. Así, cada Ministerio y Secretaría se encarga de abrir la etapa de investigación, determinar si corresponde imputar algún cargo al empleado y, en su caso, comenzar con el sumario administrativo. Para ese proceso, cada área designa a instructor sumariante, un abogado encargado de iniciar el trámite. "El problema que vemos es que, al ser el abogado de la repartición, no es la única tarea que tiene a cargo, por lo que no se puede abocar exclusivamente a ese proceso", indicó Lorenzo.
En ese marco, indicó que en la administración pública trabajan unos 200 abogados que llevan adelante distintas tareas, como controlar la legalidad de las decisiones que tienen en manos los ministerios o distintos procesos como las licitaciones y las contrataciones. "Todos dependen de la Asesoría Letrada de Gobierno, pero están distribuidos en cada repartición", destacó Lorenzo.
Así, para tener un cuerpo de abogados especialistas en sumarios, el Asesor Letrado indicó que "vamos a crear la Oficina Centralizada de Sumarios Administrativos", en la que se van a tramitar todos los expedientes que estén relacionados a denuncias o causas contra los agentes públicos. El funcionario indicó que habrá dos elementos clave del área. "El primero es que me va a dar una calidad del sumariante, porque se lo va a especializar en esa materia y sólo se va a dedicar a hacer sumarios. Así, lo segundo es que se va a bajar la posibilidad de error y se ganará en calidad y tiempo".
La única repartición que va a seguir con su propio sistema "es la Policía de San Juan, porque con la Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión se ha logrado un mecanismo eficiente", dijo Lorenzo.
Cuerpo de abogados
La administración pública cuenta con un cuerpo de unos 200 abogados distribuidos en cada una de las reparticiones del Ejecutivo. Todos dependen de la Asesoría Letrada de Gobierno y son los encargados del control de la legalidad de los actos que se dan en cada uno de los Ministerios y Secretarías.