Un empleado que trabajaba en la administración pública como contratado empezó con los trámites para ingresar a la planta permanente, pero no pudo superar uno de los requisitos básicos de la ley que prevé el traspaso: no tener pendientes procesos criminales por delitos dolosos, es decir, cometidos con intención. Durante el proceso de averiguación de antecedentes del empleado, saltó a la vista que tenía un pedido de captura por robo. Y además, la planilla arrojó el saldo de otras tres causas por delitos contra la propiedad, según manifestó el secretario de Gobierno y Justicia, Juan Luis Romero, quien evitó dar detalles de la persona involucrada y del lugar en el que se desempeñaba. Cuando la Policía tomó conocimiento de la orden de detención, inmediatamente apresó al sospechoso, quien no podrá ingresar al Estado y actualmente se encuentra alojado en el Penal de Chimbas, informó Romero.
Se trata del primer caso, desde la puesta en práctica de la ley, que un trabajador temporario queda afuera de la administración pública por su historial penal. De 3.576 contratados que empezaron con el proceso para quedar efectivos, hasta el momento hay 17 casos en los que se han registrado la existencia de antecedentes penales. Sin una estadística precisa, Romero explicó que de ese total hay muchas causas por lesiones culposas debido a accidentes de tránsito, por lo tanto, exentas de ser un impedimento para la incorporación al Estado, ya que fueron delitos cometidos por negligencia o imprudencia. Pero dentro de esa cifra se encuentran hechos como amenazas, daño, lesiones en riña e incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.
De los 17 expedientes, en 10 de ellos no había inconvenientes debido a que la Justicia había dictado sobreseimientos o la causa estaba prescripta, destacó el funcionario. Otros 6 casos estaban en trámite y el único que hasta el momento se quedaba afuera de la planta era el del contratado implicado en el robo.
La ley de traspaso de contratados, llamada Modernización del Empleo, fue impulsada por la gestión giojista, debido al reclamo del sector gremial que exigía rever la precaria situación laboral de los trabajadores temporarios. Pero para el ingreso, la norma exige una serie de condiciones: estar al día con los impuestos, acreditar una educación acorde con la tarea a desempeñar y no tener antecedentes penales. Sobre este último requisito, los jefes de área de cada repartición envían los datos del personal a la Central de Policía, quien informa de la existencia o no de causas policiales.