El jefe de bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, juzgó ayer "acertada" la decisión de la justicia de investigar al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en la causa por el presunto pago de sobreprecios y sobornos al Estado por la constructora sueca Skanska.
El legislador, que es denunciante en la pesquisa, aseveró que "sólo se conocerá la verdad del caso Skanska si se profundiza en la investigación al ministro De Vido".
El diario Clarín publicó ayer que el juez federal Norberto Oyarbide pidió al Gobierno que informe de todos los números telefónicos que usaron De Vido y sus colaboradores en esa cartera entre 2004 y 2006.
El pedido del magistrado se produjo después de la declaración de un hombre que encabezaba una compañía que se encargaba de emitir facturas falsas (Infinity), con las que Skanska disimulaba las coimas pagadas por la ampliación del Gasoducto del Norte durante el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007).
El pedido de Oyarbide a la Jefatura de Gabinete se produjo luego de la declaración del martes pasado de Adrián Félix López, que encabezaba la firma Infinity que emitió las facturas truchas. En la página web "Online-911", López había dicho que se reunió con "un funcionario de Planificación", que no identificó. En tribunales trascendido que había sido un funcionario con cargo de subsecretario.
El pedido de los números telefónicos es el primer paso para ordenar un cruce de llamados entre Adrián Félix López (quien encabezaba la firma Infinity) y funcionarios de Planificación, informó radio Continental. Es una medida clave que podría servir para que avance esta causa en una parte oscura del caso: si los sobreprecios que fraguaba Skanska con esas facturas truchas sirvieron para encubrir el pago de sobornos a funcionarios.
"Hay fundadas sospechas de que en Skanska se pagaron sobreprecios de hasta un 150 por ciento, que fueron eventualmente a sobornos para funcionarios públicos del área", manifestó Adrián Pérez.
En un comunicado, dijo esperar "que la Justicia federal se haya decidido de una vez por todas a avanzar firmemente en la causa Skanska y que pronto se cite a indagatoria al secretario de Energía, Daniel Cameron y al ministro De Vido, tal como lo hemos solicitado en su momento".
La investigación que desató el escándalo Skanska comenzó en noviembre de 2005 en manos del juez Javier López Biscayart, cuando se descubrió que la firma sueca había facturado a favor de empresas fantasma para inventar gastos y evadir impuestos.
Pero Skanska estaba trabajando en la ampliación de los gasoductos Norte y Sur, encarada junto con TGN, tras lo cual quedaron bajo sospecha los negocios que se habrían hecho con el Estado, bajo el mando de De Vido, para conseguir esas obras.
A fines de 2006, la casa matriz de Skanska admitió "irregularidades" en el pago de impuestos de su filial argentina, lo que dio lugar a un proceso por evasión tributaria y luego a otro por cobro de sobreprecios y presuntos sobornos.