Por el caso del mayor escándalo por defraudación de impuestos en la historia provincial, conocido como el de las facturas truchas, el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, estimó que el monto evadido en el pago de impuestos fue de 20 millones de pesos. Es la primera vez que oficialmente se habla de la cifra. El funcionario estuvo ayer en San Juan para tomar contacto con el fiscal federal Francisco Maldonado y dijo que “acá actuó una banda integrada por criminales económicos”.
Como máximo responsable del organismo que investiga los delitos económicos y el lavado de activos en el país (ver aparte), Gonella expresó que el área a su cargo trabajó junto al Ministerio Público Fiscal en la investigación de “una usina de facturas apócrifas” que trabajaba a través de una “organización criminal” encargada de proveer a empresas de comprobantes ilegales.
Según explicó, “las empresas hacían constar rubros inexistentes a los fines de dibujar crédito fiscal y luego computarlo a su favor defraudando de esta manera al fisco nacional a través del IVA. Pero también hacían figurar rubros deducibles a los fines de bajar la base imponible del impuesto a las Ganancias”.
“De esa manera tenemos un impacto y una defraudación al fisco por generar crédito fiscal y computarlo a favor del IVA y simular una base imponible para perjudicar también por la vía de Ganancias”, indicó.
En esta causa están procesados Francisco Martiniano Place, Graciela Vega Lecich, Sebastián Fernández de Cieza, Pedro Octavio Lima y Hermógenes Enrique Peña e incluso Gonella precisó que ya hay un pedido de la Fiscalía para que la causa vaya a juicio. Inicialmente les habían dictado el sobreseimiento, pero luego su situación se complicó con un nuevo dictamen.
“Acá estamos frente a verdaderos delincuentes que cometen los delitos que más daño social producen y por eso estamos empeñados en perseguir estas maniobras delictivas”, indicó.
El funcionario criticó a la antigua conformación de la Cámara Federal de Mendoza que “a nuestro entender actuó beneficiando a este grupo de criminales económicos, dejando la causa en un virtual estado de impunidad, pero que después se pudo revertir”.