La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó ayer el procesamiento que había dictado el juez Leopoldo Rago Gallo contra cuatro imputados, entre ellos, el ex jefe de Policía, Miguel González, quien está en la mira como presunto coautor de la maniobra por haber influido decisivamente para desviar la investigación por la desaparición de Raúl Tellechea. Además, los magistrados pidieron en la resolución que se acelere la causa para que vaya a juicio cuanto antes, debido a que el caso lleva casi 16 años, de los cuales, 10 estuvo en la Justicia provincial. Si bien los involucrados pueden acudir a la Cámara de Casación Penal, todo indica que es inevitable el camino al debate oral y público, dado que, en fallos recientes, el máximo órgano judicial del país no revisa los expedientes que cuentan con un procesamiento seguido de una confirmación.
La Cámara Federal de Mendoza confirmó también las resoluciones contra el empleado universitario Juan Marcelo Cachi, el excomisario Roberto Mario León y la trabajadora de la Mutual de la UNSJ, Aurora Isabel Ahumada. En líneas generales, todos los imputados, salvo Cachi, ocultaron pruebas y tergiversaron declaraciones que apuntaron a la hipótesis de que el ingeniero se había fugado a causa de una presunta estafa que habría cometido contra la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Esa versión va en sintonía con la hipótesis que instalaron cuatro exdirectivos de la entidad, quienes se encuentran con procesamientos firmes por la desaparición forzada: Luis Moyano, Miguel Del Castillo, Rubén Eduardo Oro y Luis Alonso. En el caso de Cachi, si bien en un primer momento se le había dictado falta de mérito, tras el análisis de las pruebas, el juez entendió (lo que fue confirmado) que habría sido el nexo telefónico entre los coimputados Moyano y Alberto Flores, expolicía, experto en tareas de seguimiento y vigilancia, al que la familia de Tellechea lo califica como apretador de testigos.
Con respecto al ex jefe de Policía, la Justicia lo acusa, entre otros puntos, de haber dilatado injustificadamente los plazos de algunas ordenes, como un rastrillaje en el Dique de Ullum. Además, que a través de su inferior (León), buscó desviar la investigación y direccionarla en beneficio de los coprocesados. León era el jefe de la Sección Seguridad Personal de la Policía y quien recibió la denuncia de la desaparición. Sin embargo, según el fallo, no tomó las medidas correspondientes y operó para que la investigación se desviara. Es más, hasta le solicitó al jefe de Asuntos Internacionales que designe personal para que ubique a Tellechea como si tuviera un pedido de captura como prófugo y no como la búsqueda de una víctima. Por otra parte, León efectuó una inspección ocular en el departamento del ingeniero y llevó a cabo una excavación en el Dique de Ullum y en ninguno de los casos pidió los resultados de las pericias.
Por su parte, la trabajadora de la Mutual, Ahumada, también había incorporado elementos falsos en sus declaraciones y ocultó documentación importante para fogonear la versión de la fuga. Hasta había dicho que Tellechea tenía facilidades para salir del país.
El que también ya estaba procesado es Sebastián Cortéz Páez, el arrepentido.