Es licenciada en Trabajo Social y en el Penal de Chimbas habían reconocido su capacidad profesional en el Gabinete Criminológico, pero exautoridades la nombraron jefa del sector en el que se encuentran alojadas las presas, una tarea para la que nunca fue preparada. No fue el único gesto de hostigamiento, sino que también aseguró que fue víctima de acoso laboral y sexual por parte de un exdirector del establecimiento carcelario. La mujer acreditó que padece un "trastorno depresivo mayor", al punto de que Anses determinó que tiene una incapacidad física y mental del 70 por ciento, por lo que se dispuso su pase a retiro con el 100 por ciento de su haber. Pero, por el daño que sufrió, demandó al Estado y la jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, condenó a la provincia a pagarle una indemnización de poco más de un millón de pesos, más intereses hasta que la sentencia quede firme, lo que a, la fecha, serían unos 2,3 millones de pesos.
Según fuentes judiciales, no hay antecedentes locales de un fallo contra el Estado por la responsabilidad de personas que hayan pasado por la función pública y que ejercieron violencia laboral, en sus distintas formas, contra algunos de sus subordinados. No es la primera sentencia que trasciende en los últimos días por irregularidades en la administración pública, dado que también salió a la luz otra por la formulación de un sumario contra un exfuncionario, el cual contuvo una acusación falsa y, encima, nunca tuvo resolución.
La resolución de Tettamanti es de primera instancia, por lo que Fiscalía de Estado puede apelar a la Sala IV de la Cámara Civil. La demandante, cuya identidad se preserva, ingresó al Penal en 1994 como personal profesional (es asistente social) y comenzó su trabajo en el Gabinete Técnico Criminológico. Su desempeño fue reconocido, dado que fue subiendo en el escalafón. Sin embargo, las autoridades de entonces la fueron designando para cumplir tareas penitenciarias y de otros ámbitos para las que no tenía ningún tipo de formación. Así, fue nombrada jefa de la Unidad 3 de Mujeres, es decir, estuvo al frente del área que controla a las condenadas y procesadas. Como ejemplo de que no tenía preparación para tal cargo, la demandante señaló que no sabía y no sabe utilizar ningún arma de fuego.
Luego de diversos pedidos, pasó por la Jefatura de Personal y de Sanidad, áreas sin vinculación con su título profesional. Luego, volvió a quedar a cargo de la Unidad 3, en donde sufrió el mayor pico de estrés y presión por situaciones con internos.
A todo eso se suma que aseguró que había padecido el acoso sexual por parte del exdirector del Penal, Nicolás Manrique, pero que nunca hizo la denuncia por temor, según consta en el expediente. No fue la única que hizo mención a ese tipo de violencia laboral, dado que la jueza, en su resolución, resaltó que "los testigos señalaron el rigor, la agresividad, el hostigamiento, entre otras actitudes habituales de las autoridades máximas en el Servicio Penitenciario, y, en particular, al acoso laboral y sexual sobre las mujeres". El otro apuntado, según los testimonios, fue el exdirector Abenamar Ávila.
Tettamanti remarcó que las pericias psicológicas y psiquiátricas acreditan que la mujer padece "un trastorno depresivo mayor, desencadenado por las situaciones de hostigamiento y acoso que debió afrontar en el ámbito laboral" y que "en este caso, la relación desigual de poder tiene un doble orden, el de género y el jerárquico".
- Sumario sin terminar y con acusación falsa
La jueza Adriana Tettamanti había condenado a la provincia, a fines del mes pasado, a indemnizar con 350 mil pesos más intereses (a la fecha, 670 mil pesos) al excoordinador de Prensa y Actividades Culturales de la Subsecretaría de Turismo, Eduardo Trifonoff, por el daño moral que sufrió al haber sido sumariado con una acusación falsa, además de que la investigación administrativa nunca finalizó. El exministro de Turismo, Dante Elizondo, lo había responsabilizado de prestar la sala del Auditorio para la grabación del himno a Gioja, cuando Trifonoff había señalado que tuvo el OK de autoridades superiores. La magistrada destacó que se separó a Trifonoff "sin acto administrativo que lo dispusiere y sin respetar mínimamente la presunción de inocencia y la garantía constitucional de la defensa", por lo que incurrió en "la difamación".