Si bien había asegurado que iba a prestar declaración indagatoria ante el juez federal Leopoldo Rago Gallo, el diputado por Calingasta, el justicialista Alfredo Amín, al final presentó su descargo por escrito en la causa en la que está en la mira por la presunta aplicación de sobreprecios en la venta de mercadería a Gendarmería antes de que asumiera como legislador. Y como había dicho en conferencia de prensa, volvió a justificar lo que cobró porque percibía los pagos a los siete y nueve meses de entregar los productos, que en 2013 hubo una alta inflación y que el departamento se encuentra en zona de frontera, lo que produce una diferencia de costos, dijeron fuentes judiciales. El magistrado ahora debe evaluar los argumentos y decidir si lo procesa o no.
Luego de presentar el texto, Amín no respondió las preguntas del magistrado, lo que técnicamente representa una abstención, indicaron. El legislador se encuentra imputado como presunto coautor del delito de fraude contra la administración pública nacional, órbita en la que se encuentra Gendarmería. No es el único, ya que hay otros sospechosos involucrados (ver recuadro). El diputado es cogerente del Supermercado Don Pocholo y en el escrito que entregó en la Justicia señaló que trabajó como proveedor del Instituto de Formación de gendarmes Félix Manifior.
Según el expediente, Amín se encuentra bajo la lupa por dos razones: por la supuesta aplicación de sobreprecios y la no entrega de mercadería en operaciones efectuadas en 2013. Entre ambas maniobras habría cobrado en exceso 582.746 pesos.
En su descargo, Amín negó los sobreprecios y remarcó que los pagos que recibió fueron legítimos. Señaló que comercializó bajo una modalidad implementada por la Unidad Técnica Administrativa Contable (UTAC), área que maneja las finanzas del Escuadrón 26 de Barreal y del Félix Manifior, llamada legítimo abono. Dicha mecánica consistía en contraer una deuda con comerciantes, a los que se les pagaba dentro de los 30 días de la facturación. Sin embargo, el legislador dejó sentado que, en la práctica, los desembolsos se demoraban entre siete y nueve meses. Además, destacó que todo eso es demostrable a través de las transferencias. Además, indicó que en esa época había una inflación del 47 al 53 por ciento y que Calingasta se encuentra en lo que se denomina zona de frontera, lo que genera diferencias abultadas de costos. Es, en esencia, lo que había manifestado en una conferencia luego de que el caso saliera a la luz a principios del mes pasado (ver cronología). En esa ocasión habían explicado que el porcentaje de incremento era del "40 o 50 por ciento".
En cuanto a la no entrega de productos, resaltó que su empresa distribuyó todo lo que facturó.
Amín asumió su banca en diciembre de 2015 y como legislador, contaba con fueros. Luego de que el fiscal Francisco Maldonado pidiera su indagatoria, Rago Gallo le solicitó a la Cámara de Diputados que lo desaforara. El proceso se concretó hace ocho días y se convirtió en un hecho histórico, ya que fue el primero que se desencadenó tras la reforma constitucional de 1986, que implementó el mecanismo, el cual además contempla la suspensión de sus funciones.
Cronología
- 2 de diciembre 2014
Gendarmería con asiento en Córdoba radicó la denuncia contra el personal del Escuadrón 26 y el Félix Manifior.
- 4 de julio 2017
El fiscal Francisco Maldonado pidió indagar a los sospechosos y que se averigüe quién es el dueño del local Don Pocholo.
- 4 de abril 2018
Rago Gallo pidió el desafuero de Amín. Éste se había presentado antes en la Justicia y había advertido que es legislador.
- 19 de abril 2018
Por unanimidad, la Cámara de Diputados desaforó a Amín, quien también sumó su voto. Quedó suspendido.
Los implicados
La causa involucra a un grupo de proveedores y a dos exjefes de Gendarmería en Barreal, que habrían sido parte de maniobras de sobreprecios por un total de 6 millones de pesos en la compra venta de mercaderías.
Los comerciantes Julio Posleman, de Distribuidora Posleman; Oscar Pastén, de Supermercado El Ángel; Pablo Riquelme, de El Triángulo; Juan Carlos Tapia, de Panadería Los Andes; Carlos Samat, de Distribuidora Libertador y Alberto Sosa, de Primer Supermercado Barreal, están procesados por fraude. El segundo comandante Jorge Castro, extitular del área de finanzas del Escuadrón 26, también está procesado por fraude, mientras que la situación del comandante principal Darío Barco, quien comandó el Félix Manifior, aún no está resuelta.