A casi un año y tres meses de la denuncia para que se investiguen presuntos sobreprecios en la contratación de seguros de ART durante la gestión giojista, la causa se mantiene en pie. Según confirmaron fuentes judiciales, tres personas desfilarán ante el juez Pablo Flores para declarar en calidad de testigos, lo cual es casi un hecho que se dará en el transcurso de este mes. Se trata de dos exgerentes del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER) y una exfuncionaria de Gobierno que tuvo a cargo un proceso clave en la contratación del seguro. La medida fue impulsada por el fiscal Daniel Galvani y quien deberá fijar las fechas finalmente es el magistrado. Además, no se descarta que puedan llevarse adelante otras medidas, las cuales se mantienen bajo siete llaves.
Luego de que declararan Oscar Bernard, exasesor giojista; Moisés Lara, exrepresentante local del IAPSER en San Juan y presidente de la Junta del PJ de Rivadavia, y su sobrina Flavia Nayar Ojeda, exgerente de la firma entrerriana en nuestra provincia, la causa entró en stand by y en el medio hubo una auditoría al juzgado que conduce Flores por presuntas falencias en el caso del ginecólogo Carlos Martínez. Pero la investigación por el escándalo por los posibles sobreprecios volvió a tomar aire con la futura citación a otros testigos, con los que buscarán reconstruir la trama de los montos que se terminaron pagando.
La causa comenzó en marzo del año pasado cuando los abogados Marcelo Arancibia y Diego Seguí hicieron la denuncia, luego de que la gestión uñaquista licitara el servicio en diciembre de 2016. Tras la apertura de sobres y la adjudicación a una nueva firma, el Estado logró un ahorro en sus arcas de 320 millones de pesos al año. Además de las abultadas cifras, los profesionales cuestionarion por qué la provincia había firmado un contrato con la empresa sin llamar a licitación, acuerdo que se renovó de manera automática año tras año, desde 2005.
Los que declararán como testigos son Mario Cersofios, Rubén Darío Ledesma y Alicia Vargas. Los dos primeros fueron los responsables del IAPSER en San Juan. Cersofios estuvo al frente de la entidad durante muchos años hasta que en 2012 fue reemplazado por Ledesma. Mientras que el nombre de Vargas surgió de la declaración que dio Bernard.
Al parecer, la mujer, quien desempeñó funciones en la Subsecretaría de la Unidad Gobernación, tuvo a su cargo el estudio de los valores de las alícuotas que sirvieron para la contratación del IAPSER, por lo que en la Justicia consideran su declaración como clave, indicaron fuentes calificadas.
El seguro de ART no es el único servicio que contrató la gestión giojista que está en la mira de la Justicia. Junto a la denuncia se sumaron las contrataciones que se hicieron para dar cobertura a los alumnos de las escuelas de la provincia y a la flota de movilidades de Salud Pública. Todos los servicios fueron licitados por la administración uñaquista y se produjeron ahorros considerables en las cuentas provinciales.
Otro de los contratos que está en la mira es el de mantenimiento y reparación de aviones. La denuncia se hizo en la Justicia Federal, que se declaró incompetente y pasó al fuero local (ver recuadro).
De la Justicia Federal al fuero provincial
La denuncia por el presunto pago de coimas de una empresa norteamericana, dedicada al mantenimiento y reparación de motores de aviones, en la gestión giojista recayó en el Quinto Juzgado de Instrucción, a cargo de Benedicto Correa.
Fuentes judiciales informaron que la causa aún no ha sido enviada a la fiscalía que conduce Claudia Salica. La representante del Ministerio Público será la encargada de plantear si el fuero provincial es competente o no. En el caso que lo sea, deberá definir si solicita al magistrado la apertura de la investigación.