La consigna de la administración uñaquista de no incrementar el gasto corriente y salarial más allá de las necesidades reales, choca de frente con lo que pasa en algunos municipios de la provincia.
En lo que va de esta gestión, la planta de trabajadores creció en casi todos y los considerados chicos son los que proporcionalmente cuentan con más empleados. Del análisis surgen datos increíbles, como que Iglesia y Vallen Fértil tienen un agente cada 8 y 11 habitantes, respectivamente.
Esas dos y otras comunas están muy lejos de la relación óptima que dieron en los gremios municipales y de acuerdo a los parámetros que fijó el Gobierno provincial para una futura ley de coparticipación, en la que la cantidad de personal no será una ventaja, hay intendentes que se verán obligados a repensar la vieja costumbre de usar las estructuras del Estado para nombramientos masivos.
Los 19 departamentos de San Juan sumaban en el primer trimestre de este año 13.811 trabajadores y hoy, a tan sólo ocho meses, el número creció a 15.291.
Es un 10,7 por ciento más e incluye a los empleados de planta permanente, pasantes, contratados y toda aquella otra herramienta administrativa que permita encasillarlos.
En los municipios aseguran que no hay números nacionales o internacionales que indiquen cuál es el saldo ideal entre personal y población, pero en los sindicatos del sector dan un promedio.
El secretario gremial de UPCN, Enrique Funes, dijo que es “un trabajador cada 70 u 80 habitantes” y el titular del SUOEM, Antonino D’Amico, habló de “uno cada 50”.
Tomando como base la población que reveló el Censo 2010, el ránking de agentes municipales por habitantes tiene primero a Iglesia. Hay un empleado cada 8 ciudadanos (Ver infografía).
Muy cerca del departamento que gobierna Marcelo Marinero se encuentra Valle Fértil y después vienen 9 de Julio, Zonda, Ullum, Calingasta, Jáchal y Capital. De acuerdo a cualquiera de los indicadores, no llegan ni por asomo al resultado ideal.
La situación revela que, por herencia o cuestiones propias, el aparato municipal parecía o parece ser concebido más bien como un instrumento para designar personal que como un organismo público que debe prestar servicios en forma eficiente y alentar la inversión pura en beneficio de los vecinos.
A todo esto, hay un elemento que no es menor. A diferencia de las provincias, que centralizan salud, educación, seguridad, asistencia social, vivienda y decenas de prestaciones más, las comunas dan servicios que pasan, fundamentalmente, por alumbrado, limpieza y recolección.
Si bien son clave para la calidad de vida, no necesitan de una superestructura administrativa como se ve en algunas organizaciones municipales.
Hay otro lote que también está descolocado. Angaco, San Martín, Santa Lucía y 25 de Mayo se encuentran por debajo de la relación 1 por 50 y ni hablar si se los compara con el 1 cada 70 u 80 de UPCN.
La mayoría son departamentos rurales y un intendente que prefirió el anonimato aseguró que allí es dónde hay más desocupación y menos alternativas de inserción, justificando el contexto. Sin embargo, Capital y Santa Lucía pertenecen al gran núcleo urbano de la provincia donde se encuentran más posibilidades y lo mismo integran el grupo de los de peor relación entre empleados y población.
Otro elemento que puede relativizar la explicación del jefe comunal está en Iglesia, Jáchal y Calingasta. Son de los más desfasados a pesar de gozar del dinero extra de las regalías mineras.
Evidentemente, no han sido capaces de aprovecharlo para generar un desarrollo en el sector privado que cree fuentes de trabajo y revierta la ecuación.
Entre los que aprueban están Rawson, Pocito, Sarmiento y Chimbas, los tres últimos con mucha holgura. Son los únicos que están en una proporción de un empleado cada 100 o más ciudadanos.
Prácticamente todas las comunas aumentaron la cantidad de personal en los últimos meses. Y coincidentemente con el ránking anterior, Iglesia es el líder. Su intendente incorporó nada menos que 338 personas (Ver recuadro).
Impotentes a la hora de generar recursos propios, los municipios dependen en gran parte de lo que gotea de la provincia por coparticipación. Y ante cualquier descalabro, es el Gobierno central el que tiene que salir a auxiliarlos.
El gobernador Sergio Uñac y su ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, buscan que los intendentes contengan el gasto salarial y le den más aire a la inversión. Alentarán esa fórmula con una nueva ley de coparticipación que prometen sancionar antes de terminar el mandato.
Este año sentaron las bases y fijaron nuevos criterios para distribuir parte de los recursos 2017 entre los departamentos. El de mayor incidencia será el de población, como sucede en todas las provincias con ley de coparticipación, y el de cantidad de empleados no contará.
Nadie sabe decir a ciencia cierta si el factor “personal” tiene incidencia en el reparto que se aplica desde gestiones anteriores, pero es lo único que explica la abismal diferencia entre lo que embolsan departamentos con similares condiciones sociales y población (Ver abajo). De ahí surge que los que más gente nombraron, más plata recibieron.
Con una nueva ley, esa lógica podría cambiar. Y en ese escenario, los intendentes tendrán que optimizar la relación empleados-población si no quieren quedar rezagados.
NÚMEROS
40 Por ciento de aumento de coparticipación tendrán para el año que viene los municipios.
20 Por ciento de la coparticipación se repartirá en 2017 por los criterios de población, NBI, escuelas y comisarías.
1.480 Empleados más hay en los municipios sanjuaninos en relación a la cantidad del primer trimestre de este año.
