El futuro marco jurídico que regulará el procedimiento penal ya va cobrando forma y se encamina a ser un cambio rotundo con respecto al sistema actual. Entre su principal virtud, el nuevo Código Procesal apunta a ser ágil y a reducir drásticamente los tiempos desde que una persona es acusada de un delito hasta que reciba su sentencia definitiva. Por ejemplo, en los casos en los que un sospechoso está hoy encarcelado, pasarán dos o hasta tres años hasta que enfrente un juicio. Con el mecanismo que planean instrumentar el Gobierno y el Poder Judicial, el plazo se reducirá a un año como mucho, dado que en otros hechos en los que el implicado esté en libertad, ya no permanecerá bajo años de incertidumbre sino que los lapsos se disminuirán a tan sólo meses.
Los detalles fueron dados por Fabiola Aubone, secretaria de Gobierno; el funcionario Eduardo Gallastegui y el juez de Cámara Maximiliano Blejman, quienes integran la comisión que está reformando el Código. El equipo, integrado por más jueces, fiscales y un defensor oficial, terminará el anteproyecto de ley en diciembre y Aubone destacó que, tras el debate legislativo, si todo va con viento a favor, se implementará a principios de 2018. En esencia, la iniciativa contempla que la investigación esté en manos del fiscal y los consultados brindaron ejemplos sobre cómo será la mecánica en delitos cuyos autores aún no son atrapados (ver aparte). En Diputados ya fue aprobado el proyecto para casos de flagrancia, es decir, los capturados con las manos en la masa.