“Lo voy a estudiar”. Eso fue lo que respondió el presidente del Colegio de Magistrados, Roberto Pagés, cuando tres de sus compañeros de conducción le pidieron que se tome una licencia al frente de la institución. Según fuentes calificadas, todo sucedió en una reunión que mantuvieron ayer los miembros de la Comisión Directiva, en la que decidieron frenar la asamblea que habían convocado para hoy para expedirse sobre la ley que habilita al fiscal de Estado a intervenir en los procesos de destitución de jueces. Los que hicieron el planteo consideraron que no debería continuar en el cargo hasta que se resuelva su situación en el caso de las expropiaciones, en donde está en la mira del Gobierno por presuntas irregularidades.
El cónclave de ayer se llevó a cabo en la sede del Colegio de Magistrados y participaron, además de Pagés, Federico Soria (es secretario en el fuero Laboral) y los jueces Gustavo Almirón, José Vega, Mónica Lucero, Fernando Vargas, Ricardo Pontoriero y Juan Carlos Peluc. Las fuentes aseguraron que los tres últimos fueron los que le pidieron al presidente que dé un paso al costado temporalmente y que la respuesta fue “lo voy a estudiar”.
El argumento que se escuchó es que al estar Pagés en el ojo de la tormenta por el tema expropiaciones, en donde se investigan supuestas maniobras fraudulentas de jueces, empleados del Estado y abogados para sacarle millones de pesos a la provincia, el Colegio de Magistrados queda expuesto y enredado en polémicas. Incluso, hay jueces que sostienen que cada movida de la institución podría interpretarse como una defensa corporativa del presidente y lo quieren evitar.
Así, se abre la posibilidad de que Pagés se tome una licencia hasta que en el tema expropiaciones se devele quiénes son los que están involucrados. En cuyo caso, quien quedaría al frente del Colegio sería Almirón, que hoy es el vicepresidente.
La reunión de ayer se hizo con la idea de decidir si era conveniente seguir adelante con la asamblea que se había convocado para hoy por inquietud de algunos miembros del Colegio, entre ellos Pagés, que consideran que la intervención del Fiscal de Estado en los Jurys contra jueces es inconstitucional y que no se debería poner en práctica. El llamado a los asociados desató divisiones entre los jueces que rechazan la norma y los que dicen que no es prudente repudiar una ley cuando uno de los alcanzados por la misma podría ser justamente el titular de la entidad.
Pasa que el tema expropiaciones podría derivar en procesos de remoción si se comprueba que hay magistrados comprometidos y con la ley que impulsó el Ejecutivo provincial, el fiscal de Estado podría intervenir en su rol de acusador especial. De hecho, hay personas ligadas al caso que afirman que es un hecho que contra uno de los jueces en la mira, Carlos Macchi (Juzgado Civil Nº 5), habrá un pedido de Jury próximamente.
Debido al revuelo que se armó, por unanimidad, los integrantes de la Comisión Directiva levantaron la asamblea de hoy. Pagés explicó tras en encuentro que “le ley no está vigente porque no fue promulgada ni publicada y creemos que no es prudente opinar ahora”. La pasaron para el año que viene, sin una fecha determinada.
Fuentes del Colegio contaron que fue el propio Pagés el que promovió la idea de dar marcha atrás, entendiendo que la asamblea no hizo más que sumar tensión a la situación que se generó por el tema expropiaciones y la ley en cuestión. Así fue que la que más adhería a su posición de ir contra la norma, Rosa Sancassani (defensora Oficial y miembro de la Comisión Directiva) se enteró del freno y ayer, directamente no fue. Tampoco estuvo el juez Guillermo Adárvez que, según las fuentes, mantiene una posición similar.
Junto con la suspensión, quedaron en llamarle al titular de la Federación Argentina de la Magistratura, Víctor Vélez, para decirle que no venga. Sucede que el juez había sido invitado a la asamblea de hoy.