Integrantes de la Asociación Sanjuanina de Expresos Políticos pusieron en marcha un censo para que se inscriban las personas que perdieron su trabajo en la administración pública nacional, provincial o municipal por razones políticas o gremiales durante la dictadura militar. La idea es gestionar beneficios como una indemnización del Gobierno nacional por única vez y acceder a cupos de vivienda en los barrios en construcción en la provincia. En San Juan calculan que hay unos 3.000 casos en esas condiciones.
En el Congreso Nacional hay varios proyectos que apuntan a resolver administrativamente el grave daño causado a los cesanteados sin causa en la administración pública por el terrorismo de estado en la Argentina, pero todavía ninguno ha sido aprobado. Apuntan a que se pague una indemnización, por única vez, para los ex agentes y empleados que perdieron sus empleos en organismos nacionales, provinciales, municipales, empresas públicas y universidades. En San Juan, los miembros de la asociación quieren tener listo un censo para determinar una lista de posibles beneficiarios de esa eventual ayuda, y de otras que quieren gestionar, como cupos de vivienda.
Los integrantes de la organización, que preside Cleber Gómez, se reúnen todos los lunes, a las 18, en la sala de situación del bloque del PJ, en el segundo piso de la Legislatura provincial. Y hasta allí deben acercarse los interesados en inscribirse en el listado que se está confeccionando.
Según las iniciativas en danza, tendrán la posibilidad de acceder al beneficio quienes perdieron su trabajo mediante los decretos-acuerdos Nro. 00033-Bis-g, del 29 de marzo de 1976, y el Nro. 0010-Bis G, del 12 de abril de ese año. Planteaban esos instrumentos razones “de seguridad a aquel personal permanente transitorio o contratado de toda la administración pública provincial y municipal que de cualquier forma se encuentre vinculado a actividades subversivas o disociadoras”.
Entre los requisitos para acceder a una ayuda figuran que la persona no debe estar en litigio contra el Estado por esta causa, que la baja se haya producido sin sumario legal previo y aportar la documentación probatoria.
Un antecedente directo para esta idea fue una ley del Gobierno sanjuanino de 2006 (ver aparte).
En la mayoría de las provincias argentinas se han armado comisiones que trabajan asesorando y convocando a ex agentes afectados por el proceso militar y que estarían en condiciones de resultar beneficiadas por la iniciativa que se encuentra en el Parlamento Nacional, aunque todavía no está definido ni el monto ni el tipo de ayuda. El propósito es que en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación exista el Registro Nacional de Cesanteados Políticos.
La Asociación Sanjuanina de Expresos Políticos fue autorizada a funcionar en septiembre de 2012, y desde aquel momento bregan por colaborar con quienes perdieron sus empleos por su militancia política o sindical y nunca los pudieron recuperar.