La tercera causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el matrimonio del ex presidente Néstor Kirchner y la actual mandataria, Cristina Fernández, quedó a un paso del archivo, porque ninguno de los dos fiscales del caso presentaron ayer la apelación al sobreseimiento dictado por el juez federal Norberto Oyarbide.
Ni el fiscal Eduardo Taiano ni el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Guillermo Noailles, presentaron cuestionamientos al fallo que dictó Oyarbide el pasado 18 de diciembre, al considerar justificado el aumento de 158% del patrimonio de la Presidenta y de su marido y antecesor durante 2008.
Como en la Argentina rige el principio "ne bis in idem", es decir que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo presunto delito, el sobreseimiento a favor de los Kirchner tendrá fuerza de "cosa juzgada".
Ahora, la UCR impulsará el juicio político contra el fiscal Taiano porque, de esta manera, se convirtió en la tercera vez que investiga a los Kirchner por enriquecimiento ilícito y la misma cantidad de oportunidades que decide no impulsar la investigación contra ellos.
"Además de violar expresas normas con su conducta, Taiano incumplió con el deber de representar a la inmensa mayoría de la ciudadana", dijo la UCR en un comunicado. La oposición también había anunciado que promovería un juicio político contra Oyarbide, aunque todavía no se hizo ninguna presentación en el Consejo de la Magistratura por la causa de los Kirchner.
Por la mañana, en los tribunales federales, el único que apeló la resolución de Oyarbide fue el abogado denunciante, Enrique Piragini, aunque es discutible la validez de su presentación en el expediente y por eso lo hizo bajo la figura de "pretenso querellante".
Esta apelación sería la única oportunidad para que una instancia superior de la Justicia pueda analizar el fallo de Oyarbide, pero voceros judiciales ven esta circunstancia como una posibilidad difícil.
El 18 de diciembre pasado Oyarbide sobreseyó al diputado y ex presidente Néstor Kirchner y a su esposa, la actual primera mandataria Cristina Fernández, ante una denuncia fundada en el incremento patrimonial de 158% del matrimonio en el último ejercicio fiscal que reportaba más de 44 millones de pesos.
En 2004, el juez federal Julián Ercolini sobreseyó al ex presidente y a su esposa del delito de enriquecimiento ilícito al analizar sus bienes en el periodo 1994-2003; más tarde el juez Rodolfo Canicoba Corral también cerró la causa para investigar el patrimonio presidencial entre 2005 y 2007, luego de que el fiscal de la causa, Taiano, recomendara archivar la denuncia por inexistencia de delito.
Fue la apelación del entonces fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, lo que logró que el caso quedara abierto a la espera de que aparezcan nuevas pruebas.