San Juan.- Este miércoles se dio un nuevo capítulo en la investigación por la posible defraudación al Estado provincial con terrenos que el IPV compró a las empresas constructores que ganaron la licitación de barrios en la anterior gestión.
Por orden de la Justicia Federal, se ordenó el secuestro de documentación a los propietarios de los terrenos que fueron vendidos a las empresas cosntructoras. En total, la orden que se libró fue para dar con 22 personas.
Los investigadores quieren determinar cómo fue la maniobra para que en términos de pocos días los terrenos hayan multiplicado su precio desde el momento que el propietario le vendió los lotes a las empresas y éstas al IPV.