El agente contratado del IPV, Eduardo Maximiliano Varela, en la mira por haber estafado a unas 20 personas con la venta de casas, quedó en libertad tras un planteo que su abogada defensora hizo ante el tribunal de Impugnación. Si bien la decisión judicial se dio a fines del mes pasado, trascendió en estos días, dado que la causa está avanzada y no se descarta que se convoque a juicio en el corto plazo, indicaron fuentes calificadas. Varela había quedado detenido a fines de enero, luego de una denuncia que hizo el titular del IPV, Marcelo Yornet, tras ser notificado de que personal de la repartición había comenzado a pedir dinero para adjudicar casas en barrios que se estaban por entregar. El pedido de detención había sido solicitado por el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Micheltorena, y había sido dictado por la jueza de Garantías Celia Maldonado. El pedido de que Varela permanezca tras las rejas mientras dure la investigación, la que se fijó en seis meses, tuvo sustento por la cantidad de presuntas estafas, unas 30, ya que, si bien el delito contempla una condena condicional, se debe sumar por cada uno de los hechos. Así, de ser encontrado culpable la pena acumulada superaría los tres años mínimos para no quedar tras las rejas, por lo que se dispuso su detención.
Con esa definición, la abogada María del Valle Torres hizo un planteo ante el Tribunal de Impugnación y logró que su defendido quede en libertad bajo una fianza de 300 mil pesos y el cumplimiento de medidas como no acercamiento a las víctimas del proceso, presentarse cada 15 días ante la Oficina Judicial, y no salir de la provincia y el país sin antes dar noticia a la Justicia, entre otros puntos.
La medida fue dictada por el juez Benedicto Correa, quien basó su decisión, principalmente, en el derecho constitucional a la inocencia.