El contador Juan Brozina estaba acusado de desviar casi 600 mil pesos del Arzobispado, institución que administraba, hacia su propia cuenta. A la hora de rendir cuentas, pidió el beneficio de la probation para evitar el juicio a cambio de realizar tareas comunitarias y desembolsar un monto simbólico de dinero. La Sala II de la Cámara Penal le concedió el régimen, pero los abogados que representaron a la Iglesia acudieron a la Corte de Justicia para tratar de revertir la situación y que el exadministrador sea juzgado y condenado. Sin embargo, el máximo tribunal desestimó el planteo, aseguraron fuentes judiciales.
De esa manera, Brozina seguirá realizando tareas administrativas en el Penal de Chimbas durante un año. Una vez que cumpla con ese requisito y termine de pagar las cuatro cuotas de 5 mil pesos en concepto de reparación simbólica, se extinguirá la acción penal que recaía sobre él. Su falta de antecedentes y la escala penal del delito le abrieron la puerta a la probation.
El caso estalló en 2016, cuando el exobispo Alfonso Delgado denunció a Brozina por el desvío de fondos. El exadministrador prendió el ventilador cuando dijo que el extitular de la Iglesia dispuso pagos para solucionar problemas de sacerdotes que tenían “hijos, novias” y para cubrir faltantes en parroquias o colegios dirigidos por amigos. Además, aseguró que el entonces monseñor y algunos religiosos viajaban al exterior para traer dólares en forma clandestina. Sus imputaciones derivaron en investigaciones en la Justicia local y federal, pero ambas quedaron en la nada por la falta de pruebas y fueron archivadas.