Para separar de su cargo a un intendente o a alguno de los concejales, hace falta llevar adelante un Juicio Político, un trámite que demanda la intervención de dos salas, una Acusadora y otra Juzgadora. Pero en el departamento del Este obviaron armarlas en la primera sesión del año, cuando correspondía hacerlo. Ahora, una edil opositora, Romina Rosas, planteó salvar la omisión, pero la presidenta del cuerpo, Paola Cepeda, dijo que van a esperar “hasta el año que viene”, cuando empiece un nuevo período de sesiones.
La figura del Juicio Político está prevista en la Carta Orgánica departamental para tratar la conducta del jefe comunal de turno o de los concejales, para el caso en que cometan una falta en sus funciones. El procedimiento requiere dividir a los concejales en dos salas, los primeros acusan y los otros juzgan la irregularidad cometida y definen si corresponde echar o no al funcionario que incurrió en la transgresión. El problema es que el paso se debía dar en la primera sesión ordinaria del año, pero no lo hicieron. “Eramos nuevos, no teníamos información”, dijo Cepeda, del Bloque Compromiso con San Juan, que le responde al intendente Julián Gil. Y agregó que van a esperar “hasta el año que viene”, por sugerencia del asesor legal del Concejo.
Rosas, del Frente para la Victoria (FPV), reconoció que “se nos pasó”, pero presentó una nota solicitando la urgente constitución de las salas. El tema se debía tratar en la sesión del jueves pasado, pero como Gil había viajado a Chile y había concejales ausentes, no lo hicieron y el tema sigue en comisión. “Parece que tienen miedo a que alguien pida un juicio político”, dijo.
Consultado el tema con especialistas en temas municipales, coincidieron en que aunque no hayan sido conformadas las Salas del Juicio Político, ante un eventual planteo, los concejales deberán salir a armar con urgencia las dos salas para que se pueda tratar el tema. En la práctica significa que los concejales oficialistas, que son cuatro, no tienen forma de parar el procedimiento, aunque tienen la mayoría en el cuerpo, en el que hay otros dos de Compromiso con San Juan y otro de Juntos por San Juan.
Consultado otro concejal opositor, Juan Elizondo, quien fue intendente durante dos períodos consecutivos, sostuvo que “parece que tienen temor a que vayamos a hacer alguna presentación contra Gil. Pero lo importante es cumplir con lo que establece la Carta Orgánica departamental”.
El procedimiento del Juicio Político está previsto desde el artículo 170 al 180 de la Carta y también incluye la realización de una consulta popular para el caso en que el fallo de la Sala Juzgadora haya decidido la destitución del intendente.
En la historia del departamento hay un antecedente. Fue cuando Emilio Mendoza tuvo que sortear un pedido de destitución en su contra en el 2002. Lo habían acusado de irregularidades y desorden administrativo y contable en la comuna, manejo ilegal de los fondos públicos y malversación de los recursos. Pero en la consulta popular del 8 de diciembre del 2002 obtuvo el 55,97 % de respaldo y pudo continuar en el cargo.