A fines del mes pasado, el Tribunal de Cuentas les imputó al exintendente de Caucete, Julián Gil, y a un grupo de colaboradores el manejo irregular de fondos de la comuna por un valor que asciende a los 2,4 millones de pesos. El principal cargo por el que los exfuncionarios deberán responder ante el organismo de control del gasto público obedece a la falta de documentación de bienes que recibió el municipio por un total de 1,5 millones de pesos. Los que están en la mira tienen un plazo de 15 días para hacer su descargo, presentar y ofrecer pruebas, con la premura de que, si no lo hacen, corren el riesgo de que se los declare responsables de un perjuicio patrimonial y tener que devolver los abultados montos de su bolsillo.
Las presuntas irregularidades administrativas corresponden al ejercicio fiscal 2019 que analizó el Tribunal de Cuentas. Además de Gil, los que también deberán rendir cuentas son el exsecretario de Hacienda y Finanzas, Mauricio Montero; el excontador, Leonardo Maza; la extesorera Sofía Vera; el exjefe de Compras, Marcial Gil, y el exsecretario de Producción, Rodrigo Barrera.
De acuerdo a la resolución del organismo de control, hubo bienes (no trascendieron cuáles) que ingresaron al patrimonio municipal y que no están debidamente documentados por un total de 1.520.607 pesos. A ello se le suma una idéntica situación irregular de no haber justificado documentadamente la recepción de lámparas LED que compró la comuna por 835.737,32 pesos. Además, existe un importe menor por 57.354 pesos, en el que no está documentada "la ubicación física de seis reflectores LED adquiridos". Así, el total imputado asciende a 2.413.698 pesos, más los intereses.
Por otro lado, las autoridades del Tribunal también le formularon reparos (la observación formal frente a procedimientos administrativos irregulares que no deriven en perjuicio administrativo patrimonial) por "inobservancia a las normas de registración contable" correspondientes a los expedientes de sueldos de 11 meses de su último año de gestión, de enero a noviembre.
Si los exfuncionarios son declarados responsables por el Tribunal, les queda la instancia de apelación a la Corte de Justicia.
La gestión de Gil en Caucete fue tumultuosa desde el momento que asumió en el sillón municipal. A un mes de iniciado su mandato, salió a la luz que el intendente había nombrado a seis de sus parientes en distintos cargos. Entre ellos figuraban sus dos hijos, en ese momento de 18 y 19, quienes finalmente fueron desplazados, y su esposa, Patricia Solar quien se mantuvo en la Secretaría de Acción Social.