Un nuevo testigo declaró ayer en la megacausa de las expropiaciones y con sus dichos le apuntó al abogado Santiago Graffigna, que está sospechado de ser el organizador de maniobras fraudulentas contra al Estado. Se trata de Miguel Suraty, quien le compró parte de un juicio de expropiación a la Sociedad San Vicente de Paul por 10 mil pesos cuando ya había sentencia favorable por más de 1 millón de pesos. Según fuentes judiciales, declaró que no sabía de qué se trataba, que fue el letrado el que le propuso el negocio y que no se llevó el grueso del dinero. En Fiscalía de Estado llama la atención un dato: en el proceso hubo muchas idas y vueltas y los pagos salieron recién cuando intervino Graffigna y la causa llegó a manos de la jueza Rosalba Marún, la misma que el fiscal dice que lo favorecía con sus fallos al letrado.
En 2005, Suraty adquirió apenas por 10 mil pesos el 65% de los derechos de un juicio de expropiación de un terreno de San Vicente de Paul en Rawson, a pesar de que ya había sentencia por 1,18 millones. El 35% lo compró María Celina Infante por 5.000.
Según las fuentes, Suraty dijo ayer que era amigo de Graffigna y que le propuso el negocio porque iba a multiplicar la plata. Además, contaron, declaró que no tenía idea del juicio, que el abogado fue el que manejó todo y que al tiempo le entregó unos 40 mil pesos. De los 800 mil pesos que le tocaban por el 65%, aseguró que nunca los cobró.
La presidenta de la institución, Carmen Arévalo, dijo oportunamente que Graffigna era su asesor y que cedió los derechos por consejo de él. Ese dato, junto al relato de Suraty, refuerzan las presunciones oficiales de que, al no poder comprar figurar porque a futuro iba a intervenir como abogado, Graffigna buscaba a terceros para apoderarse de juicios donde sabía de antemano que iba a obtener montos muy jugosos. De hecho, actuó en representación de Suraty.
El juicio estaba a cargo de la por entonces jueza Miriam Bettio, duró más de 10 años y nunca hubo resolución favorable a los pedidos de embargar cuentas oficiales. Pero Infante la recusó sin causa en 2008 y se tuvo que apartar. A esa altura Graffigna ya representaba a Suraty y el proceso pasó a Marún, que en menos de dos meses ordenó el pago y el embargo de fondos del Estado por 1,18 millones.