Las 101 designaciones de empleados que hizo en sus últimos días el exintendente Franco Aranda iban camino a caerse, tal cual había adelantado este medio, cosa que terminó por confirmarse. El juez civil Abel Soria anuló los decretos de nombramientos porque, en esencia, no había ningún expediente que contuviera los trámites administrativos para concretar las incorporaciones a planta permanente. No fue lo único, ya que el magistrado mencionó en su sentencia que, a la hora de aportar pruebas en la contestación de un amparo, desde la anterior administración le mintieron. Es que la titular del área legal, Grace Ann Bridge, le había señalado que las designaciones eran sólo rumores, pero un día antes se había producido su propio nombramiento y el mismo día del informe al juez se llevaron a cabo los restantes. Por esa maniobra hay una denuncia, por lo que el fallo civil se sumará a dicho expediente y tal prueba puede complicar a funcionarios de la anterior gestión.
Tras la resolución del juez, el actual intendente Emilio Baistrocchi explicó que las personas que estaban en los decretos y que prestaban tareas en la municipalidad como becarios o contratados siguen en sus funciones y se les va a pagar por planilla complementaria. "Nadie se va a quedar sin trabajo", resaltó.
La disputa civil se desató porque el abogado del sindicato municipal, Horacio Rodríguez del Cid, había presentado un amparo en el Juzgado Nº11, a cargo de Soria, debido a las versiones que indicaban que Aranda se encaminaba a dejar como efectivos a un grupo de contratados. De hecho, el profesional incorporó como prueba la nota de DIARIO DE CUYO, en la que el entonces jefe comunal señalaba que no descartaba sumar personal. La presentación no prosperó porque, tras un pedido de informe emitido el viernes 6 de diciembre, la exrepresentante legal del municipio, Ann Bridge, le comunicó al magistrado que se trataban de rumores.
Sin embargo, los decretos existieron y los aportó Rodríguez del Cid. Al aparecer nueva prueba, el magistrado le pidió un informe a la actual administración. Pero desde la comuna le transmitieron el jueves que no hay expedientes que avalen las designaciones, es decir, que contengan los trámites como el título o educación de una persona para cubrir tal puesto, la partida presupuestaria para solventar los cargos, la antigüedad del personal designado, entre otros. Por esa irregularidad, Soria anuló los decretos.
Pero, además, el juez no dejó pasar por alto la actitud de la apoderada en la gestión de Aranda. La exfuncionaria había manifestado el 6 de diciembre que no había designaciones, pero un día antes había salido su propio decreto de nombramiento, indicaron las fuentes. Frente a ello, el magistrado resaltó que "la afirmación brindada fue falsa". Y el mismo 6, el día de la presentación del informe ante el juez, salieron 10 decretos con 100 incorporaciones. Así, Soria resaltó que la conducta "implica una violación al deber de buena fe y probidad que tienen las partes para con el tribunal".
En sede penal se investiga una estafa procesal y la violación de los deberes de funcionario.
En la denuncia penal, Rodríguez del Cid había señalado que "Aranda le mintió a la Justicia y si bien la comunicación al magistrado lleva la firma de Ann Bridge, ella responde por mandato del intendente". Y el abogado dijo que "los decretos de designación fueron dictados por Aranda y llevan las firmas de Pablo Sales, Sandra Orellano, Karen Achilles y Federico Noguera", los secretarios de Servicios, de Hacienda, de Turismo y Cultura y de Obras, respectivamente.