La investigación judicial que tiene como objetivo determinar las causas de cuatro fallas en la instalación de la cañería de agua potable en la obra de repavimentación de avenida Libertador, en Rivadavia, refleja un evidente retraso. En mayo de 2011, OSSE, con el acuerdo de la empresa constructora Menín y la proveedora de los materiales (PVC San Juan), le solicitó al Juzgado Contencioso Administrativo que el Instituto de Materiales y Suelos de la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza realice una pericia sobre el estado de los caños. A un mes de cumplirse un año del pedido, el instituto mendocino aún no se expide sobre si aceptará el trabajo ni presentó el presupuesto que demandará tal tarea, según señaló Juan Romero, Jefe del Departamento Jurídico de OSSE. Ante esa situación, el abogado manifestó que si en 15 ó 20 días no hay una respuesta, le pedirá al Juzgado que intime al Instituto para que decida si va a realizar o no la pericia.

Esa prueba es vital ya que con esa herramienta en la mano, la jueza decidirá si los caños servían o no. Y a partir de esa resolución, la repartición estatal puede inferir quien es el responsable y demandarlo civilmente. Cristian Andino, titular de OSSE, aseguró que van a agotar todas las instancias judiciales para determinar si hay un responsable para que se haga cargo del resarcimiento económico.

La obra comenzó en 2006 y consistía en el recambio de las tuberías de agua potable y la repavimentación de la avenida Libertador, desde Salvador María del Carril hasta Rastreador Calívar. El emprendimiento era clave dado que se mejoraba esa vía y la circulación del tránsito en ese tramo congestionado, que es el principal acceso al departamento. Sin embargo, en 9 meses entre 2009 y 2010 (Ver cronología), la cañería se rompió cuatro veces en cuatro puntos distintos.

Debido a las constantes roturas, en marzo de 2010, la empresa estatal realizó una solicitud de prueba anticipada ante el Juzgado Contencioso Administrativo. Se trata de una instancia judicial previa a una posible demanda civil, en la que OSSE pidió una serie de pericias para que se determine si la cañería es apta para el funcionamiento y cuáles fueron las razones del colapso, explicó Romero. La empresa constructora Menín y la proveedora de los caños PVC San Juan fueron notificadas de la presentación, hicieron sus descargos y acordaron con OSSE que el estudio y los puntos a analizar estarían a cargo del Instituto de la casa de altos estudios mendocina.

El trámite insumió más de un año hasta que en mayo de 2011 se notificó al Instituto si podía llevar adelante esa tarea. Hasta la fecha, el organismo universitario aún no ha resuelto si intervendrá en el peritaje, detalló Romero. La falta de respuesta demora la investigación porque la jueza, para llegar a una resolución sobre el estado de las cañerías, debe contar con esa pericia. Y con ese fallo, OSSE puede encarar una demanda civil.

Durante las roturas, la empresa estatal le pidió a la UNSJ que realizara un estudio y determinó que los tubos presentaban fallas. Sin embargo, esa pericia no cuenta con validez judicial porque no hubo control por parte de las empresas. Además, la firma proveedora de los materiales argumentó que el análisis que hizo la UNSJ no es requerido en las normas de control de calidad.