Para conocer las causas del colapso de la cañería de la avenida Libertador, en Rivadavia, Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) deberá pagar 235 mil pesos por una pericia clave. Ese es el presupuesto que fijó el Instituto de Materiales y Suelos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza para llevar a cabo la tarea que le encargó la empresa estatal y cuyo trabajo comenzará el próximo 6 de agosto, según informó el jefe del Departamento Jurídico, Juan Jesús Romero. Con el resultado en la mano, que tiene el carácter de prueba judicial, la repartición pública podrá apuntar hacia el responsable del perjuicio que causó que la cañería se rompiera, entre 2009 y 2010, en 4 puntos distintos. Lo sorprendente del caso fue que las fallas se produjeron a pocos días de que la obra de agua potable se inaugurara. Y en la mira está la empresa que realizó la obra (Menín Construcciones) y la que proveyó los caños (PVC San Juan).
A 2 años del último colapso (ver aparte), la causa dejó su estado de inmovilidad y parece avanzar en pasos concretos. Es que en mayo de 2011, OSSE, con el acuerdo de las partes, le pidió al instituto mendocino que efectuara la pericia. Tras un año de silencio y por una intimación judicial, las autoridades finalmente respondieron que se iban a hacer cargo de la tarea, establecieron un monto y determinaron que el plazo de ejecución llevará unos 5 meses.
La pericia forma parte de la estrategia que lleva adelante OSSE, cuyo titular, Cristian Andino, había manifestado que “van a agotar todas las instancias para que el responsable se haga cargo del resarcimiento económico” que ocasionaron las fallas. Luego del último colapso, en marzo de 2010, la empresa estatal le pidió al Juzgado Contencioso Administrativo que le otorgara a la pericia sobre los caños la validez de prueba anticipada ante la posibilidad de una demanda civil. El juzgado lo concedió y tras el acuerdo de las dos empresas involucradas en la obra, se designó al organismo mendocino. El estudio establecerá si los materiales con los que estuvo hecha la cañería eran defectuosos o no, si estuvieron bien colocados y la compactación correctamente hecha. En definitiva, si era apta o no para ser instalada.
A partir del 6 de agosto, los expertos del Instituto tomarán muestras de los caños que no se instalaron, de los que se rompieron y del terreno, para luego analizarlos en un laboratorio. Esa tarea se hará por etapas y la primera significará un desembolso de 90 mil pesos y el resto se pagará en cuotas. Si bien OSSE afrontará el gasto, Romero aseguró que el responsable de las roturas deberá reembolsar ese monto.
Con el resultado final de la pericia, la que brindará herramientas para sospechar de quien realizó un trabajo defectuoso, el organismo tiene una serie de caminos a seguir. Primero, acordar un arreglo económico con las empresas por fuera de la vía judicial. Si esa instancia fracasa, sobreviene la etapa de mediación obligatoria, en la que se busca una solución consensuada. Y tercero, si la negociación no avanza, se encuentra la demanda judicial, en la que el Juzgado Contencioso Administrativo debe resolver si hubo un perjuicio contra la empresa estatal.
La Universidad Nacional de San Juan realizó una pericia sobre los tubos y determinó que no respondían a un ensayo de compresión y tracción, pero el análisis careció de validez judicial porque no tuvo control de las partes.