Ramón Baldassini ostentaba hasta hace pocos meses un récord dentro del mundo sindical: fue durante 51 años secretario general del gremio Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT). Su representación atravesó la dictadura militar y gobiernos democráticos y superó así, por amplio margen, los 34 años que lleva Omar Viviani al frente del sindicato de Peones de Taxis, y a los sindicalistas que se mantienen -o se mantuvieron- al menos dos décadas al frente de sus respectivos gremios.
En este contexto, sobre todo luego de los resonantes casos de corrupción sindical que motivaron las detenciones de Juan Pablo “Pata” Medina (UOCRA), Omar “Caballo” Suárez (SOMU) y Marcelo Balcedo (SOEME), el Gobierno avanza en la redacción de una nueva ley de Ética Pública que -entre otros puntos- dispone un control a los bienes de los líderes sindicales. Y también en este contexto el interbloque Cambiemos presentó un proyecto de ley para limitar a cuatro años, con la posibilidad de una renovación, los mandatos gremiales.
Su autora es la diputada nacional por el la UCR de Córdoba Soledad Carrizo. “Esta crisis que está viviendo el sector sindical hace que sea una oportunidad para esto debates. Lo exige la sociedad ante las consecuencias nefastas en la administración del poder”, planteó.
La iniciativa, que se viene presentando en los últimos años sin la posibilidad de ser discutido en el ámbito de la comisión de Trabajo de Diputados, dispone en su artículo 2 que “los mandatos no podrán exceder de cuatro años, teniendo derecho a ser reelegido por un nuevo período consecutivo de 4 años. Al finalizar este y poder ser electo nuevamente, deberá transcurrir un intervalo de un periodo fuera del cargo”.
En los argumentos del proyecto, Carrizo destaca que “la propuesta del actual gobierno de iniciar un proceso de reforma política viene a completar el examen sobre espacios e instituciones que deben adaptarse y readecuarse a nuevos requerimientos democráticos, entre ellos, los procesos electorales locales y nacionales, y con especial consideración la cuestión sobre la alternancia y renovación de diferentes operadores institucionales del estado”.
Fuente: Infobae