"No he cometido ningún delito en contra de la Caja MOB. Incluso, soy odontólogo y pertenezco a la Caja, por lo que, si se ha realizado algún delito, yo también me he visto perjudicado". De esa manera, Luis Minin, el principal imputado de haber estafado a la entidad profesional con un millón de dólares por la compra de un terreno, intentó desligarse de las acusaciones, además de asegurar que no firmó un documento clave en la operación comercial. Fue el primero en hablar en el expediente, ya que, el resto, el corredor inmobiliario Walter Orellano, el médico Víctor Oberdank Del Valle Fernández y la escribana María Isabel Carchano, hasta el momento han mantenido el silencio. La declaración de Minin se dio ayer en el inicio de un juicio que esperó una década para su comienzo. Frente a los jueces Silvina Rosso, Benedicto Correa y Daniel Guillen, el odontólogo dijo que es inocente y que en el expediente existen "mentiras, falsedades e inexactitudes por lo que me veo en la situación de expresar lo que conozco, lo que recuerdo y la realidad de los hechos". Si bien sostuvo que no cometió delito, en su explicación, no apuntó contra nadie.
Según el requerimiento fiscal, que fue leído ayer, los cuatro imputados "planearon una maniobra delictiva a los fines de obtener un beneficio económico a costas de la Caja MOB". El beneficio ascendió a poco más del millón de dólares ya que, por gestiones de Orellano, Minin, Fernández y Carchano, la entidad profesional compró un terreno en Santa Lucía por el cual pagó 1.300.000 dólares, mientras que los expropietarios del inmueble recibieron como pago 260.000 dólares.
Para intentar desligarse de las acusaciones, el odontólogo indicó ayer que "no es cierto que tuve contacto con Orellano y Carchano antes de que se produzca la compra". Así, dijo que "a la escribana la conozco por la Caja MOB y todos los trámites que hice con ella fueron a partir del 2012", después de los hechos que se denuncian, por lo que "nunca pude tener un acuerdo con ella para realizar ningún delito". Mientras que con el corredor inmobiliario "la situación es similar. Lo conozco por situaciones posteriores al hecho. Entonces la base y fundamento de que nosotros nos pusimos de acuerdo es todo falaz, no existió nunca".
Uno de los puntos clave contra Minin es que se lo acusa de haberse hecho pasar por otra persona al firmar, en un banco, un documento que generó la escribana que sirvió para que los expropietarios del terreno pudieran depositar los 260 mil dólares. El profesional negó tal rúbrica al punto que su abogado solicitó ayer que se realice una pericia caligráfica sobre el documento, lo que, por el momento, fue negado por el tribunal. Sobre ese punto, Minin dijo que el exdueño del terreno "afirma que yo firmé un documento, por eso pedimos que se haga una pericia, la que nunca se hizo y la que va a demostrar que yo nunca firmé eso". El exdueño del predio "miente no sé por qué razón". A su vez, sobre su presencia en el banco al momento de la transacción, dijo que "se me trata de vincular porque yo llevé a Fernández al banco en uno de los dos trámites (pagos). Todos los trabajadores bancarios, donde se hizo la transacción, me reconocen porque yo iba todos los días a realizar mis operaciones, pero ninguno de ellos me reconoce entrando a una habitación del banco para hacer un negocio inmobiliario". Por último, indicó que "estoy dispuesto a realizar cualquier pericia o medio de prueba que demuestre lo que estoy diciendo. Además de eso, carearme con cualquier persona que piense o diga algo distinto de lo que estoy diciendo ahora".
Reclamo
En el juicio estuvieron presentes autoridades de la Caja MOB. La vocal de la institución,
Carolina De Tommaso, indicó que buscará recuperar los fondos por los que fueron
estafados, esto es, un millón de dólares. A su vez, indicó que la Caja MOB es dueña del
terreno que compró en Santa Lucía, pero que se decidió no hacer uso del predio hasta tanto
no finalice el juicio.
Denuncia
Carlos Alberto Soria, en carácter de vicepresidente de la Junta de Administración de la
Caja MOB, presentó en marzo de 2013 una denuncia por estafa en la fiscalía N°4. Se abrió
una investigación interna en la entidad.
Irregularidades
A través de un paciente que atendió en su consultorio, un miembro de la Caja MOB tomó
conocimiento de que el terreno que compró la entidad tuvo un precio de 260 mil dólares y no
1.300.000 dólares, los que fueron pagados a Orellano.
Demoras
El juicio por la Caja MOB estaba previsto para noviembre de 2021, pero dos de los imputados,
Minin y Carchano, solicitaron el beneficio de la suspensión de juicio a prueba (probation), planteos que fueron rechazados por la Corte.
Castigo
De ser encontrados culpables, los imputados enfrentan el castigo contemplado en el delito
de estafa, el que tiene una pena de un mes a seis años de prisión. Si los jueces definen
más de tres años, deberán cumplir la pena en prisión.