El fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, firmó el 28 de mayo pasado una resolución para crear la Escuela de Abogacía Estatal para las Políticas Públicas. Será un ámbito de formación de los profesionales que trabajan no sólo en la Fiscalía sino también en otras área oficiales, como Asesoría Letrada, y para los asesores legales de las oficinas públicas. Habrá profesores de las dos universidades, del Foro de Abogados y del Poder Judicial. Todavía no tiene lugar físico para trabajar y no será permanente, sino que funcionará con capacitaciones periódicas. La idea surgió en un contexto de las irregularidades detectadas en el Estado que han perjudicado las arcas públicas.
Según De Sanctis, la idea es ‘crear un ámbito académico de excelencia con un fuerte contenido ético para capacitar y perfeccionar a los abogados del Estado y otros actores ligados al derecho público‘.
Con esta medida lo que se busca es evitar errores en los procedimientos administrativos y judiciales que le ocasionan al Estado un perjuicio no sólo administrativo sino también económico, perjudicando las cuentas oficiales (ver aparte).
Como primera medida se ha creado una comisión constitutiva de la nueva escuela que estará integrada por el propio De Sanctis y los miembros del Consejo Asesor, Silvia Francisca Andrada, María Eugenia Varas, Jorge Diego Maurín, Jorge Alberto Osman, Alberto Eduardo Bloise, Claudio Marcelo Alvarez, Alfredo Castillo, Marcelo Saffe, Javier Antonio Vázquez y Federico Gutiérrez Evans. La comisión tendrá la asistencia de la secretaria general de la Fiscalía, Graciela Melqui, y el secretario será Sergio Saffe Peña, integrante del cuerpo de abogados del organismo. También se ha convocado a participar a la asesora Letrada de Gobierno, Ana María Alcobas.
La intención es que no sólo reciban la capacitación los abogados de la Fiscalía de Estado, que es la encargada de llevar adelante la defensa del patrimonio público, sino los asesores legales de otras áreas como Asesoría Letrada de Gobierno, Defensoría del Pueblo, Tribunal de Cuentas, EPRE, EPSE y otros oficinas públicas oficiales. Y no sólo deberán recibir la formación los letrados sino también directores administrativos, jefes de despacho y contadores, entre otros.
La nueva escuela todavía no tiene un lugar físico para funcionar, pero todo lo atinente para su puesta en marcha surgirá del presupuesto asignado a la Fiscalía.
Y no funcionará en forma permanente sino que habrá capacitaciones periódicas de acuerdo a un temario que tiene que elaborar la comisión constitutiva.
Entre los formadores habrá docentes de la Universidad Nacional de San Juan y de la Universidad Católica de Cuyo, del Foro de Abogados, Poder Judicial e invitarán a profesionales nacionales e incluso del exterior.
Un antecedente que ha sido tenido en cuenta es el de una escuela similar que funciona en el ámbito de la Procuración del Tesoro de la Nación y también tienen ámbitos especiales algunas fiscalías de Estado de otras provincias argentinas.
‘La abogacía estatal es uno de los sostenes fundamentales de las políticas públicas. En el Estado hay excelentes abogados y otros que necesitan más capacitación. Los que están mejor preparados siempre es bueno que se actualicen porque el derecho público es dinámico y siempre aparecen nuevos institutos‘, dijo De Sanctis.