El juicio de expropiación que desató la intervención del Tribunal de Cuentas está por estas horas parado a pedido de las partes. La Municipalidad de Albardón y el propietario del inmueble acordaron suspender el proceso y sentarse a negociar una salida que no perjudique las arcas públicas. Pasa que el organismo técnico lo tasó primero en 430 mil pesos, dos años después, cambio de criterio mediante, llevó la cifra a las nubes a través de un polémico cálculo y ahora el municipio busca alguna alternativa para reducir el monto a pagar. El escándalo llega justo cuando la megacausa de las expropiaciones está en una etapa clave, con más de diez sospechosos que serán indagados.

La expropiación que inició Albardón fue noticia esta semana y rápidamente se convirtió en escándalo. El municipio adquirió un terreno de 20,5 hectáreas sobre calle Sarmiento y en 2005, cuando había que determinar lo que costaba, el Tribunal de Tasaciones lo consideró rural y fijó un precio de 430 mil pesos. Pero con el juicio en trámite, porque el expropiado no se declaró conforme, el organismo cambió de criterio en 2007 sin justificativo aparente, lo consideró un inmueble urbano y lo tasó en 2,3 millones de pesos, es decir casi seis veces más.

La jueza Elena De la Torre, del Noveno Juzgado Civil, emitió sentencia tomando como referencia la pericia del Tribunal de Tasaciones y determinó que el propietario del inmueble, Carlos Castro, tiene que cobrar 2,3 millones, más los intereses. Según el abogado del municipio, Jorge Martín, todavía no saben cuánto es lo que deberían pagar, porque “como están suspendidos los plazos y la sentencia no está firme, no se hizo la liquidación”. De todas maneras, en Tribunales aseguraron que habría que sumar un par de millones aproximadamente.

Frente a tamaña diferencia, el municipio que dirige Juan Carlos Abarca quiere llegar a un acuerdo que le permita afrontar una cifra menor. Martín aseguró con el expropiado pidieron que se suspenda el proceso para sentarse a negociar y fuentes judiciales lo confirmaron.

Martín aseguró que “vamos a ver si se puede llegar a una cifra más razonable” y señaló que aún “no hemos apelado porque, al estar los plazos suspendidos, tenemos tiempo”.

El municipio llevó adelante la expropiación, le transfirió el terreno al IPV para que construya un barrio y la provincia se comprometió a poner el dinero. Por eso, según contaron en Casa de Gobierno, Abarca le ha pedido al Ejecutivo la diferencia para cancelar la deuda. Una fuente cercana al caso, del entorno giojista, aseguró para tranquilidad de Abarca que la provincia no descarta hacerse cargo, pero con un monto razonable. Además de destacar la molestia que hay en Libertador y Paula, porque asumieron el compromiso creyendo que eran 430 mil pesos y no 2,3 millones como dijo finalmente el Tribunal de Tasaciones.

El caso llevó a José Luis Gioja a dictar el martes la intervención del Tribunal de Tasaciones (fue notificada el miércoles) y a separar transitoriamente a los tres miembros permanentes para abrir una investigación administrativa interna sobre la actuación de los mismos. También lo hizo porque los integrantes del organismo están sospechados en la megacausa de las expropiaciones, en donde hay miles de millones en juego para la provincia, y serán indagados como supuestos autores de maniobras fraudulentas para sacarle plata de más a las arcas públicas.