Bossio concurrirá al Parlamento a una reunión programada con anterioridad, para dar cuenta sobre la evolución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
El decreto se refiere a más de 30 empresas donde el organismo participa como accionista minoritario, entre ellas el Banco Macro (30,8% de acciones estatales); San Miguel (26,9%); Gas Natural Ban (26,6%); Consultatio (26,6%); Edenor (26,4%); Distribuidora de Gas Cuyana (26,1%); Siderar (25,9%); Telecom (24,9%); y Transportadora de Gas del Sur (23,1%).
También, Grupo Concesionario del Oeste (21,5%); Mirgor (21,5%); Emdersa (20,9%); Grupo Financiero Galicia (20,4%); Molinos Rio de la Plata (19,9%); Pampa Energía (19,3%); Transener (18,7%); Socotherm Americas (18,5%); Solvay Indupa (16,7%); Banco Patagonia (14,6%); y Endesa Costanera (13,4%), entre otras empresas.
El ministro de Economía, Amado Boudou, explicó anoche que hasta antes de que se adoptara la medida "no importaba el capital accionario que la ANSES tuviera en una empresa, tenía que ejercer su derecho como si tuviera no más del 5% del total".
Por su parte, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, consideró hoy "comprensible y razonable" la decisión del Estado de modo tal "que se preserven esos derechos de los trabajadores".
Bossio dijo a su vez que la participación del Estado en empresas privadas que tienen oferta pública es "lo más justo", y señaló que de este modo puede "defender la distribución de utilidades en favor del Fondo de Garantía Social".
"No hay que olvidar que la ANSES es, a través del FGS, el mayor inversor institucional del país y la rentabilidad social de sus dividendos es un factor clave de redistribución y solvencia a futuro", añadió Bossio a través de su cuenta en Twitter.
Destacó luego que el Estado debe hacer "pesar su opinión en decisiones de inversión", para que las empresas "generen rentabilidad económica, pero mucho más rentabilidad social".
Bossio aclaró que la participación de la ANSES "se hará en la proporción de sus tenencias accionarias en cada una de las compañías" y explicó que la presencia estatal significa "mayor seguimiento, participación en los dividendos, para así poder contribuir a que a las empresas les vaya bien".
El decreto, además, permite mayor intervención en los órganos de fiscalización, "ya que si bien son empresas privadas, están expuestas a la oferta pública y tienen que dar cuentas a la sociedad", indicó el titular del organismo.
"El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, juzgó en tanto "de toda lógica que accionistas que son de la misma clase tengan los mismos derechos".
"La Administración de la Seguridad Social no sólo es un inversor, sino que representa los intereses de los jubilados y futuros jubilados", sostuvo Vanoli en declaraciones a Télam.
El funcionario recordó que en marzo de 2009, pocos meses después de extinguirse las AFJP, la Comisión de Valores interpretó por vía reglamentaria que el tope de 5% perjudicaba al Estado.
Vanoli destacó que la ANSES "administra haberes jubilatorios de carácter alimentario, lo que determina el interes público superior a las normas de derecho privado común".
El titular de la CNV evaluó que "hasta ahora el Estado era un socio bobo, ya que su representación en el directorio y su ejercicio de derechos políticos no se correspondía con sus tenencias accionarias".
Por otra parte, defendió el carácter de urgencia del decreto 441, "porque en estos días se da la circunstancia de que hay asambleas ordinarias en los que se eligen autoridades en las empresas, de modo que no había tiempo para enviar un proyecto de ley".